Junqueras alega que no se ha rebelado contra el 155 para pedir su liberación

Oriol Junqueras no acata expresamente el artículo 155 de la Constitución. El exvicepresidente del Gobierno catalán y presidente de Esquerra ha solicitado su puesta en libertad alegando que el Ejecutivo cesado ni se ha reunido ni ha adoptado ninguna decisión desde la intervención aprobada por el Consejo de Ministros. El abogado Andreu Van den Eynde ha presentado un recurso en su nombre ante los magistrados de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –superior jerárquico de los jueces de instrucción– contra el auto de la juez Carmen Lamela que ordenó su ingreso en prisión incondicional junto a otros siete miembros de la Generalidad que habrían incurrido en delitos de rebelión o, cuando menos, sedición y malversación de caudales públicos.

Descarta Junqueras en su recurso el riesgo de reiteración delictiva porque comparte el objetivo "de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España". Añade que "el Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre", cuando los diputados rupturistas aprobaron la declaración de independencia a la que atribuye un valor "estrictamente político", ni jurídico ni con efectividad práctica.

Subraya que "a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno". En cuanto a los delitos que le atribuye Lamela, niega la malversación porque no consta que se hiciera "gasto alguno de la partida presupuestaria supuestamente vinculada con el desarrollo del referéndum del 1 de octubre". A juicio del abogado, tampoco se produjo rebelión porque no hubo violencia y los hechos "no van más allá de una interpretación de lo sucedido en Cataluña durante los dos últimos años".

"La mayoría de las conductas que se describen resultan claros ejercicios de derechos cívicos (reunión, manifestación, expresión) contaminados de ilicitud por una sesgada visión de lo sucedido", sostiene Junqueras respecto a los informes de la Guardia Civil respaldados por la Fiscalía. Insiste en que las movilizaciones en Cataluña no "son actos ilícitos integradores de una dinámica delictiva" porque ello querría decir que "se estaría criminalizando no sólo el derecho de reunión y manifestación, sino el conjunto del movimiento político de autodeterminación catalán, integrado por los representantes políticos, los partidos políticos, asociaciones de todo tipo y ciudadanos".

El letrado va más allá y recuerda en el recurso que la Constitución "protege al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante".

Matices en la estrategia

Recapitulando, ocho antiguos integrantes del Gobierno cesado permanecen en prisión. Son el propio exvicepresidente y siete exconsejeros. De ellos, cuatro son del PDeCAT: Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Meritxell Borrás. Salvo esta última, el resto de los convergentes ha renunciado al pulso. En sus recursos ante la Sala de lo Penal –Turull y Rull el lunes; y Forn este martes– acatan el 155 aunque discrepen "de su contenido y su legitimidad".

Contra los argumentos de la juez Lamela, descartan los riesgos: el de fuga, porque, aunque Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros estén huidos en Bélgica, ellos han estado siempre sujetos al Tribunal. Y el de reiteración delictiva, porque desde que Mariano Rajoy disolvió el Gobierno, no han impulsado iniciativas separatistas ni de ningún otro tipo.

Forn ha añadido que acata la Constitución "sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia": admite que las elecciones catalanas apuntan a "soluciones de compromiso y entente" ya que, argumenta, "a ello conduce de un modo casi inexorable la respuesta de la comunidad internacional y la vigencia de la norma", por lo que descarta que haya "elementos de pronóstico sólido de comisión de futuros delitos". Según su abogado, "en su hoja de ruta vital la aventura de la fuga es inimaginable", porque carece de "vocación de destrozar su vida y la de sus familiares más querido" y su deseo es "defenderse en buena y honesta lid y participar en el debate jurídico y fáctico".

"No constan, ni pueden constar, por no haber acontecido nunca, conductas de nuestro mandante de abierta desobediencia a los mandatos del TSJC", ni "directa o indirectamente ligadas a la instigación o facilitación de un alzamiento público y tumultuario", concluye el recurso del exconsejero. En opinión de la defensa, "resulta notorio que el conflicto entre las instituciones gubernamentales y parlamentarias de Cataluña y las del Gobierno de la Nación no se han desarrollado en términos prebélicos", sin que la "demostración de apoyo social a través de manifestaciones populares" implique "una puesta en escena amenazante y preambular a la violencia".

También han presentado sus alegaciones ante la Sala de lo Penal los otros encarcelados de Esquerra Dolors Bassa y Carles Mundó; y el independiente vinculado con ERC Raül Romeva. Solicitan su puesta en libertad asumiendo su cese por el 155. Los tres emplean argumentos idénticos a los de Junqueras, de hecho, están defendidos por el mismo abogado Andreu Van den Eynde.