Ni el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ni el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, hablaron de muertos en relación a la respuesta del Gobierno a la instauración de la república catalana. Ribó, que en no pocas ocasiones ha mostrado sus simpatías por el proceso y censuró la actuación policial durante el 1-O, ha desmentido, igual que Omella, que trasladara al gobierno de la Generalidad o a los dirigentes de ERC un aviso de esas características.
En paralelo, el portavoz republicano Sergi Sabrià ha tratado de sacar a Marta Rovira del charco de sus declaraciones aduciendo que su secretaria general se refería a las palabras con las que el popular Pablo Casado comparó la situación de Carles Puigdemont con la de Lluís Companys y a las que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pronunció relativas al papel de la Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución el pasado 12 de Octubre.
Así es que los datos concretos y dignos de toda fiabilidad que decía poseer Marta Rovira para acusar al Gobierno de estar dispuesto a sembrar las calles de muertos no procedían de los supuestos mediadores Omella, Ribó o el lehendakari Urkullu, sino que, según Sabrià, se inferían de las manifestaciones del portavoz del PP o de la ministra de Defensa. "Seguimos con la frase de Marta Rovira y hablamos poco de lo que dijeron la ministra o Casado, que citó el fusilamiento de Companys", ha afirmado Sabrià. Cabe constatar que el dirigente popular matizó que no se refería al fusilamiento sino a la balconada protagonizada por Companys en 1934 y por la que fue condenado a prisión.
Rovira habló de "fuentes solventes" que por "múltiples vías" alertaban de "episodios de violencia extrema con muertos en la calle". Llegó incluso a citar un supuesto trasiego de armas en el cuartel de Sant Climent Sescebes como prueba evidente de que se preparaba una carnicería, que "habría armas, ya no pelotas de goma" y "mucha sangre".
Con semejante discurso, Rovira pretendía atajar los conatos de autocrítica procedentes del Govern y de su propio partido y que incidían en el hecho de la Generalidad no estaba preparada para dar contenido a la proclama republicana. Si el presidente autonómico y sus consejeros se fueron de fin de semana tras la sesión en el Parlament en la que se declaró la independencia no fue porque no estuviera todo dispuesto para comenzar la andadura del nuevo Estado, sino porque las amenazas del Estado aconsejaban no poner en riesgo la vida de los ciudadanos.