La situación procesal inmediata de los seis querellados ante el Tribunal Supremo monopoliza este jueves la expectativa en el terreno judicial… y también en el político. La presidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa de dicha Cámara que permitieron que se votara la declaración de independencia de Cataluña han acudido pasadas las 09:00 horas al Alto Tribunal. La Fiscalía les atribuye delitos de rebelión –castigado con penas de hasta 25 años de cárcel–, sedición –que lleva aparejados hasta 15 años– y malversación –con hasta ocho años–. Están aforados como miembros de la Diputación Permanente.
Se están dando todos los condicionantes para que los querellados queden en libertad con medidas cautelares menores. Pese a que el Ministerio Público había filtrado la posibilidad de solicitar prisión incondicional en la mayoría de los casos –con la salvedad de Joan Jusep Nuet, de la filial catalana de Podemos Cataluña sí se Puede que, según defiende, votó en contra de que el Parlamento tramitara la declaración de independencia–, el FGE José Manuel Maza ha admitido que dependerá de los resultados de las comparecencias.
El resto de los investigados son Lluís Corominas –presidente de Juntos por el Sí–, Lluís Guinó y Ramona Barrufet del PDeCat; y Anna Simó de Esquerra.
No parece casualidad que todos estén respondiendo a todas las preguntas, incluidas las de la Fiscalía. Lo ha hecho primero Carme Forcadell durante dos horas y diez minutos y después Lluís Corominas y Lluís Guinó, ambos del PdeCat, por 50 minutos cada uno. Han estado presentes en la Sala de interrogatorios sus abogados, el magistrado que instruye la causa en el Supremo Pablo Llarena y, como representantes de la Fiscalía del Alto Tribunal, la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal Fidel Cadena.
Sin tiempo para comer –solo se ha producido un relevo en la personificación del Ministerio Público, ahora con el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y Jaime Moreno–, es el turno ahora de Anna Simó. Hasta el momento, todos los querellados han acatado expresamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, lo que implica, entre otras cosas, que no reconocen a Puigdemont como presidente de Cataluña. También han atribuido un "carácter simbólico" a la declaración de independencia proclamada el 27 de septiembre en el Parlamento autonómica.
Será importante la determinación de Pablo Llarena respecto de las medidas cautelares que adopte contra los querellados puesto que se especula con que el Tribunal Supremo –y él, en concreto– asuma la competencia para investigar y llevar a juicio todos los procedimientos abiertos por rebelión, sedición y otros delitos conexos con la declaración de independencia de Cataluña. Si no comparte el criterio de la juez Carmen Lamela, podría modificar en un futuro las cautelares que mantienen en prisión a los ocho exconsejeros del Gobierno de Cataluña cesados en virtud del artículo 155 de la Constitución Española que acudieron a la citación en la Audiencia Nacional.
Enfrentamiento entre banderas
Con mucho ruido alrededor, Forcadell ha llegado al Supremo en un Audi gris. La presidenta del Parlamento catalán ha saludado al centenar de personas que han apoyado a los querellados a las puertas del Tribunal y ha accedido a dependencias judiciales portando maletín y una carpeta con documentación.
La entrada de Forcadell ha sido también el momento más convulso en los aledaños del Supremo. Además de los afines al separatismo, han entrado de incógnito a la zona reservada para la prensa unas 15 o 20 personas que portaban banderas de España y han recibido a los querellados al grito de "viva España" y "al trullo". Para evitar enfrentamientos directos, la Policía Nacional ha desalojado a este grupo, aunque ha permitido que los rupturistas sigan en su posición cantando consignas como "Madrid será la tumba del fascismo", "no estáis solos", "libertad presos políticos" y el famoso "independencia".
Presentes
Varios de los separatistas concentrados frente al Tribunal Supremo, entre ellos Antoni Castellà de Juntos por el Sí, lucen un lazo amarillo en apoyo a los que llaman "presos políticos", los exconsejeros que comparecieron en la Audiencia Nacional y los ‘Jordis’, encarcelados de forma preventiva por orden de la juez Lamela. En este sentido, Xavier Domènech de En Comú Podem se une a ese soporte porque "todo esto es desproporcionado".
La diputada de la CUP en el Parlamento catalán Mireia Boya ha transmitido su "esperanza de volver a casa con Forcadell y los miembros de la Mesa ", dice, "juzgados", pese a que solo están siendo investigados. Por su parte, Albano Dante Fachín, exdirigente de Podemos en Cataluña que dimitió por desavenencias con Pablo Iglesias, entiende que "esto se tiene que arreglar políticamente porque si no es una imposición". Carles Campuzano ha añadido que "no hay ningún país del mundo donde, cuando dos millones de personas deciden desobedecer, se piense que se resuelve el problema con represión".
La coordinadora del PDeCat Marta Pascal está convencida de que los querellados no ingresarán en prisión "porque sería muy grave". También se han paseado por las inmediaciones del Supremo la exvicepresidenta del Gobierno regional Joana Ortega y el exconsejero portavoz Francesc Homs, condenados por el mismo Tribunal por la organización de la consulta ilegal del 9N de 2014 Carles Campuzano ha pedido que el Supremo tenga este jueves el "sentido común" que no tuvo la Audiencia Nacional la semana pasada.
Todos los políticos del PDeCAT se han ido, después de que entraran los querellados, a desayunar al Vips de la calle Génova.
Entre los que han mostrado su apoyo a través de las redes sociales destacan la alcaldesa de Barcelona Ada Colau –"los queremos de vuelta hoy" – y Carles Puigdemont: "Toca ahuyentar de las instituciones a aquellos que han querido hacerlas suyas con un golpe de estado".