El PP recurre la decisión de la juez Núñez Bolaños de archivar el caso Velasco

La juez Núñez Bolaños, cada vez más cuestionada por su instrucción de los casos ERE, fraude de la formación y avales de la agencia IDEA, ha propuesto archivar el caso de Rafael Velasco, número 2 del expresidente José Antonio Griñán en el PSOE andaluz. Velasco y su esposa, Antonia Montilla, eran propietarios de Aulacen Cinco, una academia de formación profesional que recibió 730.000 euros para cursos en cuatro años.

Pero el PP ha presentado un recurso contra esa decisión que, como se expone hoy en El Mundo, incluye el descubrimiento de una "tela de araña" relacionada con el PSOE y un modo de funcionar en documentos que han sido adjuntados al texto del recurso.

El primer hilo de la tela es la contratación de un ex alto cargo del PSOE andaluz, del clan de Alcalá de Guadaira, Luis Nieto Ballesteros, unos meses después de que tuviera que abandonar su puesto de secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, que es uno de los cargos más importantes de la Junta de Andalucía por el poder que concede a su titular. El método de "amparar" a dirigentes socialistas en situación de "necesidad", y detectados en otros casos, se ha cumplido aquí.

Nieto, que ha sido un elemento clave de la dirección socialista durante años, dejó su cargo en mayo de 2009 y en diciembre ya estaba contratado por la empresa de Velasco. Es más, fue la esposa de Velasco la que designó a Nieto Ballesteros para recoger documentación de un curso de formación, expediente 98/2009/F/528. Posteriormente, Nieto volvió a ocupar la Junta en calidad de viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 2010 a 2015.

El otro hilo corresponde a Alfredo Fernández Pérez que era, dice El Mundo, cuñado y chófer de Velasco, supuestamente cuando era vicesecretario general del PSOE andaluz porque carecía de cargo alguno en la Junta de Andalucía.

Fernández Pérez, que era asalariado del PSOE andaluz, también aparece como representante de Aulacen Cinco ante la Junta de Andalucía en un expediente formativo anterior. Además, figura en otro expediente como "alumno no desempleado", lo que alumbra todo tipo de hipótesis acerca de cómo eran encontrados los alumnos de los cursos con los que se justificaban las subvenciones.

Además, el PP aporta documentos que demuestran el hecho de que Aulacen Cinco recibió subvención de la Junta por un curso que ni siquiera había solicitado. Igualmente, se ha constatado que falta documentación sobre los alumnos y se muestra el extraño hecho de que los profesores de la academia fueran familiares de los dueños.

El PP, con estos datos, ha recurrido la decisión de la juez Bolaños de archivar el caso y solicita que se llame a declarar a Rafael Velasco y a otras siete personas.

Como en el caso de los ERE, la juez troceó el sumario dando origen a numerosas causas inconexas que han ido dando paso a sucesivos archivos. La juez Alaya ya advirtió de que la partición del procedimiento impediría tener una idea global de la maraña formativa andaluza y que todo lo que ella creía una nueva trama organizada desde la Junta, iba a quedar reducido a meras irregularidades administrativas o a la nada.