El juez dejará en libertad a Ignacio González si paga 400.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción calificó en agosto de "errática y extravagante" la posibilidad de que Ignacio González cambiara la prisión incondicional por un arresto domiciliario. El propio Ministerio Público ha propuesto en noviembre que el expresidente de la Comunidad de Madrid abandone la cárcel provisional previo pago de una fianza de 400.000 euros. El pronunciamiento se enmarca en la investigación de la Operación Lezo, la supuesta red de corrupción que habría funcionado a base de desvíos de fondos públicos y privados desde el Canal de Isabel II y sus empresas satélites a los bolsillos de los principales imputados y a las cuentas opacas del Partido Popular. El juez que instruye la Operación Lezo, Manuel García-Castellón, ha hecho propios los argumentos y, si se produce el desembolso de la caución, abandonará la prisión de Soto del real donde permanece desde el pasado 21 de abril por medidas cautelares menos gravosas: la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado más próximo.

El Ministerio Público ha informado en atención a la enésima petición de libertad presentada por González. Señala que, una vez analizados los hechos presuntamente delictivos y los indicios objetivos de criminalidad, concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva del exdirigente popular. "La amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es, a priori, superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer. La instrucción ha puesto de relieve que podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales".

No obstante, la Fiscalía considera que "ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá. En cuanto al riesgo de fuga, el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo. Todo ello impone la necesidad de acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso".

González ha alegado durante meses que el ingreso en prisión le produce graves consecuencias para su estado de salud. La Fiscalía contestó que "como a cualquier justiciable, el ingreso en prisión puede ocasionar pesadumbre o deterioro personal. Eso es una cosa y otra muy distinta es lo que señala el recurso al expresar que la prisión incondicional lesiona los derechos a la salud y a la integridad moral".

Papel "decisivo" en Lezo

El juez que instruye la Operación Lezo, Manuel García-Castellón, le atribuye "un papel decisivo y necesario" en los delitos investigados –malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales–. Los investigadores creen que González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid. El ex consejero delgado de ICM José Martínez Nicolás está entre los detenidos y ha quedó en libertad bajo una fianza de 100.000 euros.

Velasco también le imputa el cobro de varias comisiones, entre ellas una de 1,4 millones de OHL y otras por la adjudicación de la obra del golf que se construyó en los terrenos del Canal de Chamberí, adjudicada a Dragados. Además, está implicado en la compra supuestamente fraudulenta de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013. Según el magistrado, fue "hipervalorada ficticiamente" y se hizo sin ningún tipo de control para el "desvío de dinero público madrileño" (23 millones de euros) a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad". Por último, le imputa el manejo habitual de dinero en efectivo y la elaboración de facturas falsas. Por otro lado, habría utilizado a su anciano padre para blanquear a través de sus cuentas.