A dos meses del macrojuicio de los ERE, la juez Núñez Bolaños aviva el desconcierto

Faltan aproximadamente dos meses para que dé comienzo el juicio que tratará la trama política de los ERE y en el que están encausados los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los acompañan una veintena de altos cargos entre x consejeros, ex viceconsejeros y directores generales de la Junta de Andalucía. Es la pieza instruida por Mercedes Alaya que cuyo razonamiento fue admitido por el Tribunal Supremo y la única que no fue instruida por su sustituta, María Núñez Bolaños.

Sin embargo, tras el troceo del sumario –al que se oponía su antecesora en el juzgado–, determinadas decisiones de la Audiencia Provincial y las recientes informaciones que han destapado la presencia de la cuñada de Núñez Bolaños en el departamento de subvenciones de la Agencia Idea, clave en todas las salsas de los ERE, han sumido el caso en un desconcierto notable.

Entre los últimos hechos que avivan este desconcierto, está el que la juez Núñez Bolaños haya archivado otras dos causas, en este caso abiertas contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero. La Audiencia estableció, contras el criterio de la juez, que sólo cabe un juicio a los altos cargos procesados y que, si ya están procesados en el macrojuicio de la trama política, no pueden serlo por cada una de las subvenciones investigadas.

Como recuerda hoy El Mundo, Guerrero, que se libra así de dos juicios por ayudas al Hotel Palacio de Málaga e Industria Auxiliar para Maquinaria y Automoción S.A. (Iamasa), es un investigado clave porque desde su despacho se repartieron arbitrariamente 721 millones de euros entre 2001 y 2008 y porque fue él mismo quien definió como "fondos de reptiles" lo que se manejaba desde la Junta.

Se sigue pues el camino que ha hecho posible que la juez Núñez Bolaños haya sobreseído causas que afectaban al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a los exdirectores generales de la Agencia IDEA, que pagaba todas las ayudas, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera y el exdirector de Trabajo, Juan Márquez.

La Agencia IDEA y la cuñada de la juez Bolaños

El comportamiento de la juez en el caso de la Agencia IDEA ha sido curioso. Por una parte, exigió una fianza de 30.000 euros al PP para personarse en la causa. Por otro, se negó a investigar fondos de la Agencia Idea de la Junta de Andalucía, que es la que ha pagado los ERE y muchas otras cosas que se instruyen. ABC destapó que su cuñada María Guija Villa era técnico del área de control y seguimiento de la dirección de finanzas de esta Agencia que pagaba los ERE irregulares entre otras cosas.

Como consecuencia del troceo del caso, la agencia IDEA es objeto de investigación judicial en varias piezas ente del Gobierno andaluz. Idea está en el epicentro del mayor caso de corrupción de la historia andaluza, como caja pagadora de los ERE irregulares, y es objeto de investigación en varias piezas desligadas de la macrocausa inicial.

El Mundo desvela hoy que la juez Núñez rechazó todas las pruebas solicitadas por el fiscal relativas a los avales directos concedidos por la Agencia Idea a empresas en el conocido como caso Avales II. En esta causa, la juez investiga el uso de la figura de los avales y si ésta sirvió como medio para hacer llegar de modo ilícito fondos públicos en favor de determinadas empresas y si la simultaneidad de ayudas a sociedades es "contraria o no a las disposiciones que resulten de aplicación y, en concreto, a la normativa comunitaria".

La fiscalía protestó duramente contra la decisión de la juez en un recurso de reforma, en el que advertía de que los datos pedido por Núñez a Idea son «insuficientes para el esclarecimiento de los hechos» en el caso avales II. Cuando se ha sabido la presunta participación de la cuñada de la juez Bolaños en la agencia IDEA, el caso ha cobrado mayor interés.

La respuesta de la magistrada al recurso de la Fiscalía volvió a denegar en 2017 las pruebas pedidas por el fiscal. Por ejemplo, la Fiscalía quiso que Idea aportara un "cuadro desplegable" en el que figurasen los nombres de las empresas que habían recibido avales, las fechas, además del importe fallido y el recuperado. Sin embargo, se negó porque dijo: "Si se me permite en términos coloquiales, (sería) como empezar la casa por el tejado".

Naturalmente, la juez dijo que no a tratar en la causa de IDEA todas las ayudas en forma de aval concedidas por Idea entre el año 2000 y 2010, para a continuación buscar, expediente por expediente, a ver si encuentra algún ilícito penal, abriendo una especie de auditoría general contra personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Tampoco quiso reclamar los acuerdos del consejo rector de IDEA ni del Consejo de Gobierno de la Junta en los que se hubieran ratificado los avales concedidos por la Agencia Idea.