Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos en Bélgica están en busca y captura. Camen Lamela ha cursado a última hora de este viernes la Orden Europea de Detención e ingreso en prisión para el expresidente de la Generalidad y sus acompañantes Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret. La magistrada amplía la lista de delitos atribuidos en principio por la Fiscalía. Pasan de tres a cinco: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos; y ahora, además, los de prevaricación y desobediencia a la autoridad. La juez ha dictado dos autos por cada uno de los investigados. El primero da curso a la OEDE y se dirige a Bélgica, el país donde se encuentran los investigados. Tal y como prevé la ley, la orden se envía a las autoridades judiciales belgas, en este caso concreto a la Fiscalía Federal. También se ha insertado en el programa Sirene de cooperación policial entre los países.
En el segundo auto, la juez tramita la orden de busca y captura nacional e internacional de todos ellos a través de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Interpol. Carmen Lamela rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia. Según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar la medida: razones de utilidad, seguridad u orden público. En los autos, la magistrada detalla todos los hechos que han motivado la persecución penal de quienes integraban el Gobierno de Cataluña, esa compleja estrategia en todos los ámbitos del separatismo para lograr la desconexión de Cataluña con España.
Proceso de entrega
El expresidente de la Generalidad no ha elegido Bélgica como país de exilio al azar. Es consciente de que los jueces allí son especialmente meticulosos en relación a las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales. Una circunstancia que puede ralentizar el procedimiento judicial abierto en nuestro país. Lamela ha impulsado el proceso de entrega que, en teoría, se resuelve en un plazo máximo de 60 días pero que podría extenderse por un período mayor a los tres meses si Bélgica ofrece amparo. Será un juez belga quien decida sus situaciones. La magistrada ha entregado la orden a la Policía Nacional que, a través de la llamada Oficina Sirene de cooperación entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remitirá a la oficina homóloga de la policía belga. Se producirán las detenciones de los buscados y su puesta a disposición de la Justicia belga, que estudiará la entrega.
Uno de los problemas que puede surgir es que el de rebelión no se encuentra en la lista de los 32 delitos exentos de "control de la doble tipificación" en la normativa europea. En otras palabras, no está recogido en los códigos penales de ambos países con la misma definición. Algo que complica la entrega inmediata del requerido porque, de acuerdo con el marco comunitario, la Justicia belga podría tener que entrar en el fondo del asunto y comprobar si, según sus propias leyes, la conducta de Puigdemont y el resto de querellados es perseguible en Bélgica. El expresidente podría incluso elevar el caso a la segunda instancia, con el consiguiente retraso.
En este punto se hace especialmente relevante el letrado Paul Bekaert que, entre sus dudosos logros, consiguió paralizar la entrega a España de varios miembros de ETA, por ejemplo, de Natividad Jauregi. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, los Tribunales confían en que las buenas relaciones en materia de cooperación jurídica entre España y Bélgica, reforzada en los últimos años por la colaboración antiterrorista, sean suficientes para superar eventuales obstáculos procesales.
Posición de las autoridades belgas
Por su parte, la ministra belga de Medio Ambiente, la liberal francófona Marie-Christine Marghem, ha advertido este viernes de que si finalmente la Audiencia Nacional solicita a Bélgica la extradición del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, el proceso puede alargarse pero "no hay nada que hacer" y deberá ser entregado "en un plazo de 60 días".
Si las autoridades judiciales españolas solicitan la extradición de Puigdemont y éste se opone, ha explicado la ministra a la radio RTBF, "habrá un debate judicial en Bélgica y Bélgica deberá entregarlo en un plazo de 60 días, no hay nada que hacer".
Marghem ha advertido de que no hay una posición "unida" al respecto de la crisis política en Cataluña en el Gobierno de coalición belga, del que forman parte cuatro partidos, incluido el de los liberales francófonos al que pertenecen ella y el primer ministro, Charles Michel, y los nacionalistas flamencos de la N-VA, principal fuerza votada en las últimas elecciones.
Así las cosas, la ministra ha ofrecido su opinión "como jurista" y "como política", razón por la que ha apostado por el diálogo y la vía política para resolver la crisis catalana, pero ha dejado claro que ello no le impide reconocer que España es "un país soberano, europeo, dotado de una Constitución y leyes votadas democráticamente".
Ante un caso similar, ha dicho la ministra, Bélgica no habría optado por un "arsenal jurídico" como el que se ha puesto en marcha en España, pero "no podemos, en ningún caso, interferir en asuntos de un país soberano".
"La justicia del país, que yo sepa, hay que recordarlo, funciona sobre bases democráticas que deben ser respetadas", ha recalcado. En este contexto, la ministra ha indicado que le corresponderá a las autoridades judiciales belgas "examinar el caso", pero que "hay convenciones internacionales con España" que se deben respetar y apuntan a la entrega de las personas perseguidas por una orden europea de búsqueda, captura y entrega.
"Hay que ejecutar las convenciones a las que estamos ligados con un país europeo, en el seno de la UE, y que es un país que funciona de manera democrática", ha ahondado.
"La posición de todo jurista y de todo europeo debe ser que no podemos intervenir en la soberanía nacional de un país. Debemos respetar las leyes y la Constitución de ese país, tratar de que las cosas pasen lo mejor posible en nuestras jurisdicciones", ha añadido.
Marghem se ha querido distanciar, además, de las declaraciones del secretario de Estado, Theo Francken, que la semana pasada abrió la puerta a un posible asilo para Puigdemont, y del ministro presidente de Flandes, Geert Bourgeois, que este jueves consideró que la prisión decretada para parte del exGovern es "ir demasiado lejos".
"Las pequeñas declaraciones de unos y otros para demostrar que están ahí no me van a obligar a decir tonterías", ha zanjado al respecto, para después descartar que pudiera prosperar la petición de asilo de un ciudadano de otro Estado miembro de la UE.
Esa solicitud "no tendría efecto", ha explicado", porque "sabemos muy bien que no hay riesgo para su vida, ni para su integridad física" en su país de origen.