Jaime Fiscal, denunciante del caso Infoca y de la presunta corrupción imperante en la contratación de los medios anti-incendios en Andalucía y otras Comunidades, ha sido denunciado ante la Fiscalía por la propia Junta de Andalucía por maltrato, vejaciones y un alusión al propósito de violar por dinero a dos funcionarias, Garrido Granados y Gómez Sancho, jefa del departamento de Contratación implicado en los presuntos hechos delictivos del "cártel del fuego" y los altos cargos de la Junta imputados en el procedimiento que se sigue en los juzgados de Sevilla.
Primero, la Junta lo suspendió y le abrió expediente. Días después, aparece una denuncia contra él por haber tenido la "ocurrencia" de decir, por escrito, que violaría a una funcionaria por dinero.
Jaime González ha dicho a Libertad Digital que "lo que la Junta no dice es que ha utilizado precisamente varios de los escritos que él mismo presentó ante la Consejería de Medio Ambiente por haber sido acosado y presionado por dos funcionarias, una de 59 años y otra de 40. Es en ese contexto, y tras decir que no me extrañaría que un día me acusasen de violación, tuve la "ocurrencia", según la Junta, de decir por escrito que "sólo si le pagasen podría violarlas, y con sufrimiento". No fue una frase feliz, reconoce, pero sacarla de contexto es malintencionado.
Tampoco dice la Junta que una de las dos funcionarias "ya había tenido precedentes en el caso de acusar a compañeros de actos que no habían cometido, hasta el punto de haber tenido incidentes con sus familias".
Esta frase sacada de contexto es la que sido la base que ha sostenido la denuncia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio contra Jaime González, el funcionario que destapó las irregularidades en las adjudicaciones del Plan Infoca, que depende de este departamento. La denuncia ha tenido lugar después haberlo suspendido de empleo, que no de sueldo, y abrirle expediente administrativo.
El pasado día 3 de octubre, Jaime González remitió un escrito a la Consejería refiriendo los acosos que ha sufrido por parte de las funcionarias. "Forman parte de la trama que ha organizado la Junta para eliminarme civil y judicialmente del caso Infoca. Si yo desaparezco, desaparece asimismo el horizonte de un delito de prevaricación Soy el único que puede, y va a demostrar, que en el fraude del Infoca y el cártel del fuego, todo ha ocurrido "a sabiendas", como dice el artículo 404 del Código Penal", ha dicho a Libertad Digital.
El Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, uno de los puntales del gobierno de Susana Díaz, se ha referido a pruebas reunidas en el expediente abierto en el que aparecen agresiones físicas y verbales, declaraciones vejatorias y, ahora, alusiones a violaciones.
Curiosamente, Jaime González ha dicho a Libertad Digital que lleva años alertando a sus superiores de que las funcionarias estaban aliadas para provocar incidentes. La Junta, no sólo no hizo caso de sus escritos, sino que lo trasladó a un puesto de trabajo junto a ellas. Precisamente por ello, la juez del caso Infoca abrió una pieza separada para instruir el presunto acoso a Jaime González.
La instrucción del caso Infoca ya se ha cobrado varias imputaciones judiciales, la última la del director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid Rojo.
Además, la juez ha imputado a quien fuera máximo responsable del operativo de extinción de incendios de la Junta, Ernesto Esteso; al actual número dos del mismo, Manuel Delgado Calderón; el interventor delegado, Ángel Francisco Pérez, y una asesora técnica en extinción de incendios de la Consejería, Dolores López.
Spiriman y Teodoro Montes
El médico Jesús Candel, impulsor de las manifestaciones por la eficiencia hospitalaria andaluza y denunciador de las corruptelas de la Junta en materia de sanidad, se ha visto perseguido, según él mismo dijo a Libertad Digital, por la Junta de Andalucía con expresa mención de Susana Díaz.
El último incidente ha sido la pintada en la fachada de su casa de una diana coloreada en rojo con la foto de dos de sus hijos en el centro. Candel dice que esas consecuencias están originadas por los manejos de la Junta de Andalucía y cuenta para ello con un importante conjunto de pruebas documentales que está recopilando para proceder a la denuncia ante la Justicia.
Entre ellos, la defensa que Martín Blanco, ahora ex viceconsejero de Salud, hizo de un taxista que logró que se anularan los carteles de la convocatoria de una manifestación en los taxis granadinos. Sebastián Santiago, taxista nº 50, iba en las listas del PSOE con Francisco Cuenca, actual alcalde de Granada gracias a Ciudadanos.
El caso de Teodoro Montes, el denunciante de determinados aspectos del fraude de los cursos de formación fue de tal gravedad que tuvo que ser defendidos de los ataques de la Junta de Andalucía por la juez Alaya que lo consideró "testigo protegido".