El PSOE y Carmena aprueban que el Ayuntamiento se querelle por los crímenes franquistas

El Ayuntamiento de Madrid interpondrá una querella criminal ante los juzgados de instrucción para que se investiguen los crímenes del franquismo por delitos contra la humanidad. Así lo acordó este martes el Pleno después de que Ahora Madrid y PSOE presentaran una moción de urgencia, que contó con el apoyo de estos dos partidos, la abstención de Cs y el rechazo del PP.

"Las víctimas del franquismo llevan ya demasiado tiempo esperando una política integral de reparación y memoria", dijo en el Pleno el tercer teniente de alcalde de la capital y responsable de derechos humanos, Mauricio Valiente. En su opinión, la ciudad de Madrid "no se merece que torturadores" como el exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, "sigan paseándose impunemente por sus calles mientras las víctimas siguen soportando un dolor y un vacío que ninguna sociedad democrática y justa puede tolerar un minuto más".

"Madrid, ciudad de derechos, no puede ser indiferente al sufrimiento soportado por las víctimas y sus familiares, quienes durante demasiado tiempo han visto las puertas de las instituciones cerrada a sus demandas", añadió. Valiente señaló que "no puede haber víctimas de segunda, porque mientras permanezcan en el olvido sufren una segunda victimización" y terminó citando a Julia Conesa, una de las trece rosas: "Que su nombre no se borre en la historia".

El debate de la moción, que ratifica la incorporación del Ayuntamiento de Madrid a la red de municipios por el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo, transcurrió con un tono bronco. El edil socialista Ramón Silva apuntó que el PP "no puede impedir que la democracia avance" pese a la "paralización" de la aplicación de la Ley de memoria histórica de 2007, "intentando que no se abrieran más fosas en España y que los asesinados permanecieran enterrados en las cunetas".

Existe la Ley de amnistía

El concejal del PP Pedro Corral recordó que sí, que bajo el franquismo hubo "víctimas de primera y de segunda" y más adelante, en la democracia, "se decidió reparar esta situación". Por eso, su grupo pidió sin éxito aplazar la votación de la moción a la espera de un informe de la asesoría jurídica que confirme que las responsabilidades penales que se quieren juzgar son "exoneradas por la Ley de amnistía vigente" y tiene relación con delitos "comunes en su época que han prescrito".

"¿Por qué, señores socialistas, le compran a Podemos la fabulación de que la Ley de amnistía es una Ley franquista de punto final?", preguntó dirigiéndose a los concejales socialistas. Para el edil popular, la moción que finalmente fue aprobada "no tiene recorrido jurídico" e instó a Ahora Madrid y al PSOE a presentar la querella "con el recurso de sus partidos" para así no usar "ni el Ayuntamiento ni el dinero de todos los madrileños".

Silva respondió acusando al PP de "humillar a las víctimas" y sacó a relucir que en un Pleno reciente del distrito de Hortaleza una vocal de este partido llamó "asesino" a Victoriano Elipe Sánchez, un socialista que fue fusilado en el franquismo. "No lo era, si él era un asesino tú eres un fascista", afirmó en referencia a Corral.

En su turno de réplica, el edil comunista Mauricio Valiente acusó al PP de estar "ignorando de forma palmaria y continuada a las víctimas" y le espetó a Corral que, según sus argumentos, el exdictador chileno Augusto Pinochet "seguiría de rositas".

Necesitan que haya dos Españas

Por último, la concejal de Ciudadanos Sofía Miranda expresó la "condena" de su grupo al franquismo, al tiempo que manifestó su malestar por la "omnipresencia de este tema en todos y cada uno de los plenos". "Están tan faltos de un proyecto para España que necesitan que haya dos Españas, dos Españas en lo político".

Miranda sostuvo que sin una condena internacional "no tiene sentido interponer una querella por hechos prescritos y amnistiados". "Eso es malversar dinero municipal".

Tras la aprobación de la moción, el Ayuntamiento anunció que pondrá en marcha un plan de recogida de testimonios orales de personas que sufrieron "violaciones de derechos humanos" y de familiares directos de los mismos "para conformar el material probatorio de las acciones judiciales que eventualmente se ejerciten".