La Policía desarticula una red corrupta de funcionarios policiales y de la DGT

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha desarticulado este miércoles una trama corrupta en el seno del propio cuerpo y de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se dedicaba a beneficiar a ciertas empresas privadas en la adjudicación de contratos con sendas instituciones a cambio de beneficios económicas. En total han sido arrestados ocho funcionarios públicos: seis policías, uno de Tráfico y un funcionario del Ministerio del Interior.

También han sido detenidos otras seis personas, hasta alcanzar un total de 14 arrestados. Estos últimos son los trabajadores de la empresas concesionarias que participaron en los amaños de los contratos públicos que, principalmente, estaban relacionados con los servicios de cafetería, obras en instalaciones públicas y confección de uniformes profesionales, y que además entregaban las mordidas a los funcionarios corruptos.

Fuentes policiales han explicado que durante esta mañana se han llevado a cabo un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Navalcarnero, Móstoles, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara. Además de solicitarse el bloqueo de un número no determinado de cuentas bancarias, el embargo de 13 vehículos de gama alta, además de la anotación preventiva de embargo de seis inmuebles.

La investigación, que fue ordenada por el comisario principal Florentino Villabona cuando todavía tenía la función de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, ha sido realizada por el grupo número 2 de Asuntos Interior y, según las mismas fuentes consultadas, afectaría a instalaciones policiales tan importantes como la Academia de Ávila o el complejo policial de Canillas (Madrid), en lo que a sus servicios de restauración se refiere.

La Fiscalía Anticorrupción, a la que los agentes policiales presentaron las pruebas, cree que se han podido cometer delitos calificados como de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, un delito contra la Hacienda Público e, incluso, un delito continuado de blanqueo de capitales.