Ha asomado una luz al final del túnel de Francisco Correa. Quizá no sorprenda al cabecilla confeso de la Gürtel, que declaró durante doce horas en este juicio desvelando amaños de contratos desde administraciones municipales, a nivel regional e incluso desde los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Pese a que la Fiscalía no modificó la petición de 125 años y un mes de cárcel para el empresario, en su último alegato ha solicitado al Tribunal que valore la colaboración del acusado en la constatación de los delitos. Abre una puerta a la hipotética rebaja de la condena, una atenuación posiblemente pactada.
La sede de la Audiencia Nacional ubicada en San Fernando de Henares ha acogido a los 37 acusados del caso Gürtel. Una fotografía, la del banquillo con la presencia de todos sus componentes, inédita desde que comenzaran las 300 testificales. Escucharán los informes de conclusiones de las acusaciones y las defensas antes de que el Tribunal abra el turno de la última palabra.
La Gürtel no funcionó como protagonista de episodios corruptos aislados, sino que sus miembros desplegaron "una actividad duradera para delinquir" y apropiarse de fondos públicos manteniendo contactos con cargos públicos del Partido Popular. Los políticos amañaban contratos a favor de las empresas de Correa y recibían a cambio comisiones de un "tres o cuatro por ciento", según ha establecido la Fiscalía Anticorrupción como conclusión principal. Estos "hechos han sido probados, contrastados", gracias, entre otras cosas, a la "relevante" declaración del cabecilla de la trama en el juicio.
El grupo Correa y la caja B
De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, este juicio a la Época Primera de la Gürtel –los hechos relativos al periodo entre 1999 y 2005– ha probado que el exsecretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo –se enfrenta a 85 años y 6 meses– era "la mano derecha" de Correa y el coordinador de la red corrupta. El contable José Luis Izquierdo –para quien piden 45 años y dos meses– sería el "gestor de la tesorería opaca" de las empresas. Isabel Jordán –se juega 39 años y un mes de prisión– era la directora de las sociedades; Javier Nombela –19 años–, el director financiero con "importantísimo papel" y Alicia Mínguez –también 19– daba las instrucciones sobre la facturación.
Este denominado grupo Correa constituyó una Caja B cuyos fondos destinó "a efectuar sobornos a cargos públicos". La estructura societaria fue obra del acusado Luis de Miguel, que ocultó a su verdadero titular, Francisco Correa.
En cifras, el grupo Correa se adjudicó contratos por valor de 8 millones de euros y los políticos corruptos se embolsaron cohechos por un millón de euros. En la lista de cargos públicos que cometieron un "abuso de sus funciones" figuran los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, o el extesorero del PP Luis Bárcenas. Entiende la Fiscalía que "se eliminó el trato justo y equitativo que merecían otras empresas" y se creó "un sistema que perjudicó gravemente al interés general esquilmando las arcas públicas". En el caso de Majadahonda, "se pone un sobreprecio del que no se beneficia al Ayuntamiento, sino a los propios acusados y al PP".
Vertientes
Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás insisten en que tanto el PP como la exministra de Sanidad Ana Mato (exmujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda) se lucraron con las actividades de la Gürtel. Reclaman a la formación política el pago de 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega –para el que se piden 50 años y 4 meses de prisión– y Sepúlveda –que se enfrenta 15 años y 4 meses–; y que la exdirigente popular reintegre 28.467 euros por beneficiarse de la financiación con dinero público desviado de fiestas familiares como cumpleaños y comuniones y viajes.
El Ministerio Público rebajó en tres años la petición de pena para Bárcenas al eliminar de su acusación un delito contra la Hacienda Pública; por lo que la solicitud de prisión se queda en 39 años y medio. No obstante, la condena del extesorero del PP podría aumentar si el Tribunal acepta la alternativa que propone la Fiscalía de responsabilizar a éste los delitos fiscales que comparte con su mujer, Rosalía Iglesias, y considerarla a ella cooperadora necesaria.
El Ministerio Público ha rechazado la posibilidad de que las grabaciones ilegales efectuadas en prisión a los principales acusados y a sus abogados contaminen el proceso: "Existe una abrumadora prueba que no deriva de las grabaciones obtenidas en prisión, las conversaciones en modo alguno han viciado este procedimiento". Baltasar Garzón, primer instructor de la causa, fue condenado por prevaricación e inhabilitado por el Tribunal Supremo por autorizar estas grabaciones que vulneraron el derecho de defensa. Por otra parte, la Fiscalía ha validado el uso de la documentación aportada por Suiza para acreditar la acusación por delito fiscal contra Bárcenas.
El Tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal tiene previsto que tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones y defensas expresen sus alegatos finales hasta el próximo 10 de noviembre. Tras finalizar con los informes, será el turno para que los 37 acusados puedan manifestar sus últimas palabras antes de que el juicio quede visto para sentencia.