Mientras se producen las movilizaciones en la calle, ellos probarán con los recursos por la vía ordinaria. El primero de los Jordis, los líderes de las entidades separatistas encarcelados por un supuesto delito de sedición, ha presentado en la Audiencia Nacional alegaciones contra el auto de prisión. Jordi Sánchez ha fusilado los mismos argumentos que expuso ante Carmen Lamela en durante su interrogatorio.
El presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña insiste en que siempre ha promovido "movilizaciones ciudadanas pacíficas, que, pese a congregar a millones de personas en las calles, no han propiciado ni una sola acción violenta para las personas o los bienes". De acuerdo con el recurso al que ha tenido acceso Libertad Digital, su objetivo no era alterar el orden constitutivo, sino protestar contra las directrices del Juzgado nº13 de Barcelona.
Su abogado Jordi Pina cuestiona también la conveniencia de la imputación por sedición. A su juicio, "la independencia de una parte del territorio del Estado español no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de veinticuatro horas en la Consejería de Economía".
La actuación de Sánchez y Cuixart
La magistrada atribuyó a los Jordis el papel de agitadores de masas en las concentraciones de los 20 y 21 de septiembre. Los manifestantes increparon a la Policía y la Guardia Civil y dañaron sus vehículos tratando de impedir que detuvieran a ocho altos cargos del Gobierno catalán por orden judicial.
Según el auto de la juez "los hechos no constituyen una protesta ciudadana aislada o convocada de forma pacífica en desacuerdo de las actuaciones policiales llevadas a cabo por orden de un juzgado de instrucción. Se enmarcan dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Sánchez y Cuixart en ejecución de la hoja de ruta para llegar a obtener la independencia de Cataluña".
Ambos "utilizaron las redes sociales y grupos de difusión para la movilización de personas en contra de órdenes judiciales. También para "convocar a la población a mantener los lugares marcados como colegios electorales abiertos en los días previos al referéndum ilegal".
Lamela destaca la actuación de Cuixart el 25 de septiembre, cuando la Guardia Urbana se incautó en Badalona de unos carteles en apoyo al 1-O. "Acudieron al lugar unas veinte personas en actitud cada vez más hostil, entre ellas el presidente de Omnium y el tercer teniente alcalde de la localidad José Antonio Téllez, exigiendo a los agentes que entregaran todo el material intervenido e impidiendo que los agentes recuperaran ese material".
Constan también mensajes a partir del 29 de septiembre en los que Sánchez y Cuixart animan a estar "todos conectados para responder inmediatamente y de forma masiva contra cualquier ataque". La magistrada aprecia riesgo de fuga por la gravedad de los hechos imputados; de reiteración delictiva porque operan dentro de un "grupo organizado de forma continuada para lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España en un proceso que todavía se encuentra en marcha"; y de destrucción de prueba por sus actuaciones dirigidas a impedir la investigación, registros y detenciones que habían sido acordados.
Trapero en la Audiencia Nacional
Josep Lluís Trapero ha hecho entrega de su pasaporte en la Audiencia Nacional. Se trata de una de las medidas cautelares que le impuso la instructora en el auto donde acordó la libertad provisional del Mayor de los Mossos. Mientras continúe imputado, y salvo cambio de criterio de Lamela, tampoco podrá abandonar territorio español y deberá comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio.