División, desconcierto y confusión. Quienes aceptaron en un primer momento la maniobra de Puigdemont de declarar la independencia, suspenderla ocho segundos después y ratificarla por escrito al término de la bufa sesión parlamentaria del pasado martes, 10 de octubre, exigen ahora al "president" "contundencia" y "claridad". También preparan una nueva tanda de movilizaciones que podrían incluir una nueva huelga general con la diferencia de que ahora se debate también sobre si debe ser indefinida.
En teoría, la estrategia deliberadamente ambigua de Puigdemont y el gobierno en la sombra (que encabeza Artur Mas con su asesor David Madí y los cabecillas de ANC y Omnium, el publicista Oriol Soler y el exconsejero de ERC Francesc Vendrell, entre otros) no ha provocado los efectos adecuados. La "oferta" de diálogo no ha sido codificada por el Gobierno como tal, sino como un nuevo paso adelante en la "hoja de ruta" separatista y una trampa como la que hizo que el Ejecutivo planteara la "operación diálogo" entre Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras.
La cohesión en la Generalidad se resquebraja. El pasado martes sólo la consejera de Educación, Clara Ponsatí, mostró su contrariedad por el discurso de Puigdemont. Cuatro días después, Junqueras encabeza la presión interna sobre el presidente de la Generalidad. El gesto suspensivo de la proclamación no ha dado los resultados apetecidos, el comienzo de una negociación con el Estado sobre el reparto de activos y pasivos, sino un requerimiento de Rajoy abierto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que el separatismo interpreta como una nueva afrenta y la evidencia de que "Madrid" no quiere "dialogar".
Móviles fuera
La desconfianza hace mella en todas las formaciones. En la reunión de este sábado en ERC, los asistentes, unas doscientas personas, han tenido que dejar el teléfono móvil a la entrada. Junqueras delimita ahora toda posible negociación se debe ceñir a la "construcción de la república catalana". El líder de ERC y vicepresidente del ejecutivo separatista insiste en la mediación internacional, en la supuesta brutalidad policial y en el "mandato" del "referéndum" del 1-O.
"No hay marcha atrás", afirma en pleno éxodo empresarial el vicepresidente y consejero de Economía, que también recela de la reforma constitucional que preparaban socialistas y populares. Sus opciones se han evaporado en medio de la galopada cada vez más radical de la Generalidad y la cámara autonómica. Sus altos cargos de confianza eran los detenidos por la Guardia Civil que preparaban la logística del referéndum.
Crisis en la ANC
La situación en la Assemblea Nacional Catalana (ANC) todavía es más caótica. La vicepresidenta de esta organización, Natàlia Esteve, ha dimitido aduciendo razones personales. Ha sido sustituida por Agustí Alcoberro, director del "Museu d'Història de Catalunya". El presidente, Jordi Sànchez, apoyó la declaración de Puigdemont del martes. La ANC, en cambio, pide a Puigdemont que la proclama sea efectiva. Y por encima de todo, el riesgo de que a Sànchez se le impongan medidas cautelares en la visita que tiene que girar el lunes a la Audiencia Nacional junto a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, el major Trapero y la intendente de los Mossos Laplana.
En cualquier escenario judicial, la ANC y los partidos separatistas, con la CUP a la cabeza, se preparan para más movilizaciones, huelgas y protestas. Los medios nacionalistas insisten en reponer las imágenes de las cargas policiales del 1-O en un intento por mantener el estado de indignación de las bases separatistas y su capacidad de arrastre social. La CUP ha cancelado el mes que le había concedido a Puigdemont y Junqueras para explorar una negociación con el Estado. Un sector del PDeCAT se desmarca de los llamados a la calma de Marta Pascal y Santi Vila (los "moderados") y Demòcrates, los restos separatistas de Unió, compiten en radicalidad separatista con la CUP y ERC.
Puigdemont tiene hasta las diez de la mañana del lunes para contestar el requerimiento del Gobierno sobre la situación catalana, si república, limbo o territorio español. Los más prudentes abogan porque el presidente de la Generalidad envíe a Moncloa la transcripción de su intervención en el pleno del "Parlament". Los intransigentes, cada vez más numerosos en el núcleo duro del golpe de Estado, instan a Puigdemont a admitir sin ambages que Cataluña ya es una república independiente.
La CUP quiere que el parlamento regional albergue una nueva sesión de independencia para levantar la suspensión de la proclamación. Tonos de charlotada e inseguridad parlamentaria. ERC dice que Puigdemont hizo una cosa, la ANC y la CUP, que hizo la contraria.
Sin aliados de relieve
Los resultados del 1-O (a modo de ejemplo, en los municipios de Bossot, Canejan y Les, del Valle de Arán, se votó en el hotel rural propiedad de la diputada de la CUP Mireia Boya porque los Mossos habían cerrado el único colegio electoral de la zona) y la actuación policial son los clavos ardiendo a los que se aferra el separatismo. Intentan explotar el foco mediático internacional y las imágenes de las intervenciones policiales pero no encuentran aliados políticos más allá de la extrema derecha europea.
En ese contexto, Puigdemont cada vez tiene menos apoyos. Se desconfía de su habilidad para evitar una intervención más decidida por parte del Estado y mantener, al tiempo, las apariencias de cara a su parroquia. Se habla de una respuesta calculadamente indefinida y se está a la expectativa de lo que ocurra también el lunes en la Audiencia Nacional. Sobre los investigados pesa la acusación de sedición y una completa descripción por parte de la Guardia Civil sobre lo ocurrido el 20 de septiembre, con el cerco en torno a la consejería de Economía, y el 1 de octubre en medio de la pasividad de los Mossos d'Esquadra, que ya han calificado el informe de la Benemérita de "chapucero".