Cumplido un año desde que arrancó este juicio por la Época Primera del caso Gürtel –los pelotazos de la red de corrupción entre 1999 y 2005– y tras casi una década de investigación, las acusaciones están informando sobre sus conclusiones definitivas. La Fiscalía ha elevado a definitivas las suyas en relación a los principales acusados: el cabecilla Francisco Correa se enfrenta a 125 años de prisión y su número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, a 85 años y seis meses. Tampoco modifica las solicitudes para el resto de los supuestos integrantes del epicentro de la trama: el hombre enlace en Valencia Álvaro Pérez "El Bigotes" encara 5 años y dos meses y el contable José Luis Izquierdo 45 años y dos meses.
El extesorero Luis Bárcenas se jugaba 42 años y medio, aunque la fiscal Concepción Sabadell ha descartado el delito contra la Hacienda Pública por el IRPF de 2009 y la solicitud queda en 39 años y medio. El propio Partido Popular podría ser condenado al pago de 328.400 euros como responsable a título lucrativo.
El Ministerio Público reclamaba inicialmente 46 años de prisión para Alberto López Viejo, que habría amañado contratos para el grupo Correa primero como concejal en el Ayuntamiento de Madrid y después desde la Asamblea regional donde trabajó como diputado. Retirados los tres delitos fiscales atribuidos al principio del juicio, será castigado con un máximo de 39 años y medio.
Los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo siguen con el mismo horizonte: 50 años y 10 meses de prisión Guillermo Ortega y 14 años y cuatro meses Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, a la que Fiscalía atribuye una participación a título lucrativo al igual que al PP.
Los más favorecidos por estas conclusiones finales de Anticorrupción son los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio. Al empresario Jacobo Gordon le rebaja de dos años a cinco meses por blanqueo de capitales; al exconcejal de Pozuelo Roberto Fernández de dos años y tres meses a once meses por fraude y malversación; y al constructor Alfonso García-Pozuelo de cuatro años y medio de cárcel a dos años de prisión por cohecho sustituibles por multa.
La jornada 112 de la vista oral escuchará las conclusiones de las acusaciones. La Fiscalía Anticorrupción irá seguida de la Abogacía del Estado, la Comunidad de Madrid y la asociación de abogados ADADE, que forzó la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. A lo largo del juicio, han desfilado por el plenario de la Audiencia Nacional casi 300 testigos.