Los investigados por sedición acudirán a la citación de la Audiencia Nacional. Lo han avanzado desde sus respectivas posiciones: el Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía autonómica de Cataluña; y Jordi Cuixart y Jordi Sánchez mediante las entidades separatistas que dirigen: Omnium Cultural y la ANC.
La imputación está relacionada con los altercados de los días 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud de personas, alentadas por esas entidades, obstaculizó a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona las detenciones de 14 cargos del Gobierno catalán por preparar el referéndum. Una actuación, según la querella de la Fiscalía, "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones".
‘Los Jordis’, como se conoce a Sánchez y Cuixart en el entorno separatista, están considerados los líderes del movimiento en las calles. Aunque había quien especulaba con que rehusarían la citación de la Audiencia Nacional, han confirmado que comparecerán a partir de las 09H ante la la juez que instruye la causa, Carmen Lamela, y la Fiscalía. Es previsible que, como han hecho estos días, defiendan que el escrito del Ministerio Público, que les atribuye el papel de agitadores, "está plagado de imprecisiones".
Por su parte, los Mossos han avanzado en su cuenta oficial de Twitter que Trapero aportará en la comparecencia judicial la información sobre las actuaciones que la Policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre. Pese a la evidente dejación de funciones por la que están imputados, alegará también que en todas las intervenciones de los últimos días han cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía.
La jefatura de los Mossos ha remitido un escrito a todos los agentes donde muestra su "plena confianza" en la labor desplegada por el cuerpo en relación con el referéndum y les insta a seguir trabajando en la misma línea. La Policía catalana ha pedido que se les deje al margen de los actos de apoyo que se puedan convocar para arropar a los líderes de la ANC y de Òmnium tras su imputación, "para dejar claro que no mantienen ninguna vinculación política con los responsables del proceso separatista".
Indicios de sedición
Los días 20 y 21 de septiembre se produjo el cerco a la Consejería de Economía en oposición a las detenciones acordadas por el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona. Unas 40.000 personas protagonizaron los altercados contra la Operación Anubis, que se saldó con el arresto de 14 altos cargos de la Generalidad por preparar el referéndum. De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía, "pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil aparcados frente a la Conselleria, a fin de impedir su legítima actuación" y "voluntarios de la ANC, conscientes de que dificultarían la intervención policial", establecieron un cordón ante la puerta de Economía, "para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos". "Los manifestantes amenazaron a los agentes al grito de no sortireu (no saldréis)".
Los citados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart distribuyeron consignas para que la gente acudiera a las protestas. Pese a que el Juzgado ordenó a Trapero que activara "el dispositivo de seguridad para permitir la salida de la Comisión Judicial, formada por los agentes y la Letrada de la Administración de Justicia", tuvieron que "salir ya de madrugada a través de la azotea del edificio, al impedir los manifestantes su salida por la puerta".
Delito de sedición. De acuerdo con el artículo 548 del Código Penal, se dirige hacia quienes se alcen públicamente para impedir la aplicación de las leyes. Si es una autoridad política quien comete la sedición o sublevación, como en este caso, se enfrentaría a una pena de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación. Consideran los expertos de la Fiscalía que la justicia sancionaría este delito en caso de que se produzca un alzamiento de un sector de la población a cargo de los responsables políticos. En un peldaño inferior se encuentra el delito de conspiración, castigado con, al menos, dos años y medio de cárcel. En cualquier caso no eludirían el ingreso en prisión.