La Audiencia Provincial de Madrid cree que Rodrigo Rato blanqueó capital. Los magistrados han estimado parcialmente un recurso de la Fiscalía para que la Justicia investigue las sociedades del exvicepresidente del Gobierno en el extranjero. La instrucción regresará al Juzgado de Instrucción nº31 de Madrid que la archivó con el foco puesto en las empresas Vivaway y Kranodara, que habrían canalizado una parte del patrimonio supuestamente irregular del exdirigente popular, condenado en primera instancia por el caso de las tarjetas black en Bankia..
En opinión de la Sala, existen indicios suficientes de que Rato constituyó sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando otras sociedades como testaferros. Las empresas existieron sin actividad social conocida, "cuyo fin último se adivina sin esfuerzo que era defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco". Posteriormente, señala la AP, esas cantidades defraudadas han retronado al circuito económico mediante su transferencia a otras sociedades.
Cohecho imposible de demostrar
El tribunal entiende que los datos expuestos en el atestado de UCO como indicios de la comisión de un cohecho continuado por parte de Rato no son lo suficientemente reveladores. Supuestamente ese delito habría sido cometido utilizando el investigado su posición privilegiada como Ministro de Economía y Hacienda y Vicepresidente para Asuntos Económicos durante el proceso de privatización de numerosas empresas públicas dependientes de su Ministerio. Habría influido en el nombramiento de los presidentes de dichas sociedades y, gracias a esta influencia, obtenido para las suyas sustanciosos contratos con precios sobrevalorados o encubridores de comisiones.
Entiende la sala que en el atestado se pone de manifiesto una relación mercantil entre las empresas privatizadas (principalmente Endesa, pero también Repsol, Iberia, Telefónica y otras) y las sociedades llamadas del "Grupo Rato", en unos casos continuada a lo largo del tiempo y en otros casos de forma puntual. Concluye la Audiencia Provincial que "en modo alguno es posible afirmar con una certeza razonable que esas relaciones comerciales tienen como punto de partida la comisión de un cohecho".
En primer lugar porque, dado el cargo que ocupaba en ese período de tiempo Rodrigo Rato, su influencia en el nombramiento de presidentes de las sociedades privatizadas entra dentro de la norma. Ahora bien, "afirmar que los nombramientos de tales presidentes tenían como finalidad facilitar el lucro ilícito de la familia Rato a través del cobro de comisiones o sobreprecios es una conclusión que no se sostiene".
En segundo lugar, porque no estamos ante hechos concluyentes. Se parte de opiniones de testigos, como por ejemplo en el caso de ALDEASA, en el que los investigadores destacan las opiniones desfavorables de dos empleadas sobre COR COMUNICACIÓN o sobre la cualificación de una sobrina de Rodrigo Rato para desempeñar el puesto que ocupaba en esa empresa. En los supuestos de empresas como ALTADIS, IBERIA, BBVA, TELEFÓNICA; REPSOL y RETEVISIÓN los únicos datos destacables son las cantidades que las sociedades del "Grupo Rato" facturaron a dichas empresas confirmando la realidad de la relación comercial entre ellas, relación que en el caso de IBERIA con COR COMUNICACIÓN se desarrolla en los años 2010 y 2011, por lo que difícilmente puede guardar relación con el nombramiento de presidente de la compañía en el momento de la privatización ni con el Ministerio que presidió Rato hasta el año 2004".