El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha en las últimas horas una operación logística por si fuera necesario alojar en instalaciones militares a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que están desplegados en Cataluña para evitar, en un primer lugar, la celebración del referéndum ilegal y, en segundo lugar, estar disponibles ante lo que la deriva independentista de la Generalidad pueda producir.
La responsabilidad de la operación, según han informado fuentes del departamento que dirige María Dolores de Cospedal, está en manos de la Agrupación de Apoyo Logística 41 del Ejército de Tierra, que tiene su base principal en el acuartelamiento de San Jorge (Zaragoza), pero que también está desplegada en Barcelona. Precisamente, es a esta última provincia, a su acuartelamiento de Sant Boi de Llobregat, denominado Santa Eulalia, donde se está enviando el material.
Se trata de literas, cocinas, duchas y taquillas, productos de higiene, entre otros elementos destinados a crear una zona de vida, por su fuera necesario alojar en esas instalaciones de las afueras de la Ciudad Condal a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado allí desplegados.
La decisión del Gobierno llega después de que en los últimos días haya habido serios problemas con las instalaciones hoteleras donde se encontraban policías y guardias civiles en las localidad de Calella y Pineda del Mar, en la provincia del Maresme, a unos 50 kilómetros de Barcelona. Los agentes fueron primero expulsados por los cuatro hoteles en los que se encontraban debido a las presiones que recibieron los dueños de los establecimientos, para permanecer posteriormente hasta la finalización de los contratos que firmaron con el Ministerio del Interior.
Pero los problemas de alojamiento no sólo podrían existir para estos agentes. Fuentes policiales confirmaron a Libertad Digital que el primer contrato de los buques alquilados para alojar a los agentes de este despliegue concluyó el día 5 de octubre, tras lo que el Gobierno pudo prorrogar las permanencia hasta el próximo 11 de octubre. Para ese día, según la situación en la región, el Ejecutivo deberá firmar una nueva ampliación si es posible o buscar una solución para estos agentes.