Cinco millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y ocho euros con diecisiete céntimos. 5.251.948,17 de dinero de todos; es la cifra que Artur Mas y sus secuaces gastaron en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 y que deberán ahora devolver por orden del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador del sector público ha comunicado este lunes la resolución a los representantes legales del expresidente de Cataluña y de nueve de sus subordinados en aquel Gobierno, que responderán de forma solidaria.
La cantidad reclamada incluye las partidas gastadas en la consulta más los intereses generados hasta la fecha. Como presidente de la Generalidad y, por lo tanto, máximo responsable de las cuentas públicas catalanas, el Tribunal de Cuentas responsabiliza a Artur Mas de todos los gastos. El resto de los requeridos son los exconsejeros condenados ya por el 9-N Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y responsables de menor nivel como el exsecretario general de la Presidencia Jordi Vilajoana, además de Lluis Bertrán, Josefina Valls, Carolina Pardo, Jaume Domingo, lgnasi Genovés y Jordi Serra.
Considerado el carácter solidario de la fianza, si alguno de los afectados no dispone del suficiente patrimonio –dinero ni propiedades a embargar– los demás responderán con el suyo por él. Aunque no todos se enfrentan a la misma cantidad, únicamente a las partidas en cuyo destino ilícito hubiesen participado. De ahí que Mas, como Artur Mas, como expresidente y máximo responsable, sí responda del conjunto de la cantidad exigida.
El Tribunal de Cuentas también les ha comunicado la cantidad que deberá depositar cada uno como fianza ante una eventual condena. Fuentes jurídicas han explicado que los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes y cuentas bancarias.