El alto tribunal andaluz ha concluido que la Junta de Andalucía burló la ley para favorecer a la empresa Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa), de la que es directora del área legal y de Relaciones Institucionales Paula Chaves Iborra, hija del expresidente Manuel Chaves.
Así se cuenta en El Mundo años después de que se descubriese que el propio Manuel Chaves, al frente del gobierno andaluz, concedió una ayuda a fondo perdido de 10 millones de euros a la empresa en la que trabajaba su hija que, a pesar de las denuncias y forcejeos judiciales, no ha tenido consecuencias ni penales ni administrativas.
Esta vez, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha considerado que el concurso por el que el gobierno de Susana Díaz adjudicó los derechos mineros en varias explotaciones de las localidades onubenses de Paymogo y Puebla de Guzmán en abril de 2014, benefició irregularmente a la empresa donde sigue trabajando Paula Chaves.
En aquel procedimiento, "Matsa fue la gran beneficiaria y logró la mayoría de los derechos de investigación –paso previo a la explotación– en una zona en la que su presencia es prácticamente hegemónica, la Faja Pirítica de Huelva, y en detrimento de las otras empresas que participaron."
Pero esta vez, una de las empresas perjudicadas ha llevado a la Junta ante los tribunales alegando favoritismo hacia la empresa donde trabaja la hija de Chaves. Los magistrados del Tribunal andaluz han sentenciado que la Junta hizo una valoración «arbitraria», mediante criterios a posteriori no conocidas en las bases del concurso, de las ofertas presentadas por las empresas aspirantes «favoreciendo» a una de ellas, a Matsa.
Los jueces han considerado que tales criterios tendrían que haber sido incluidos con detalle en los pliegos del concurso. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha ordenado anular la resolución del concurso y que se repita a partir de la fase de valoración de las ofertas, en la que se deben excluir, dice expresamente, los criterios ilegales.
Manuel Chaves y la empresa de su hija, caso archivado
Poco antes de dejar la Junta de Andalucía en manos de José Antonio Griñán, en enero de 2009, Manuel Chaves, el periodista Manuel María Becerro informó en El Mundo de que la Junta había beneficiado a la empresa Matsa con una ayuda a fondo perdido de 10.093.472,70 euros y destinada a la construcción de una planta de tratamiento mineral a propuesta, como es habitual en todos los asuntos turbios que afectan a la Junta, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Libertad Digital, a través de La Tela de Araña andaluza, espacio en el que se denunciaron las tropelías del Ejecutivo andaluz ya dio la primicia sobre la presencia de Paula Chaves en Minas de Aguas Teñidas.
En ese artículo se decía: "Paula Chaves Iborra salió bien colocada de partida porque, en un pispás, pasó a formar parte de uno de los grupos industriales y económicos más fuertes del capitalismo tradicional andaluz y nacional: el imperio de los Benjumea, esto es, Abengoa y empresas asociadas y diversas. De hecho, participa en las siguientes sociedades:
REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA A78107349
TELVENT HOUSING SA A82232448
REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS
TRAFICO INGENIERIA SA A33088758
REGISTRO MERCANTIL DE HUELVA
MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA A81336877
Las primeras, todas ellas, incluso Tráfico Ingeniería, SA, pertenecen al universo empresarial comandado por los hermanos de Abengoa. De todas ellas, la más interesante es la cuarta, Minas de Aguas Teñidas, SA, a la que se ha incorporado hace bien poco tiempo y en la que nos tememos habrá sorpresas futuras".
Y las hubo y bien pronto. A los pocos días, en enero de 2009. La subvención de más de 10 millones de euros concedida por Manuel Chaves a la empresa apoderada por su hija fue denunciada por el PP pero la Junta "absolvió" a su expresidente. El gobierno Griñán, heredero del gobierno Chaves, acordó no incoar expediente sancionador a Manuel Chaves porque no tenía por qué saber que su hija trabajaba en MATSA. Esto es, tendría que haber sido oficialmente informado por dicha empresa de la presencia de su hija en la entidad y, como no lo fue, no había conflicto de intereses. O sea.
Posteriormente el PP recurrió la decisión por la vía contencioso-administrativa tras haber impulsado el caso en la vía penal. Por ésta, aconsejada por el jurista Federico Trillo contra el criterio del PP andaluz , no se alcanzó siquiera la admisión a trámite.
Sin embargo, el recurso por vía contencioso-administrativa de la decisión de Chaves, estando presente él mismo en el Consejo de gobierno que la concedió, fue admitida y aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin embargo, posteriormente, tras el correspondiente recurso de la Junta, fue archivada por el Tribunal Supremo considerando que el PP de Andalucía carecía de legitimación para estar presente en la denuncia de los hechos.