Casi dos semanas ha tardado la Generalidad en darse por enterada de la suspensión de la ley del referéndum por parte del Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno. El martes de la pasada semana el consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, bromeó a preguntas de los periodistas con la tardanza del "Diari" en recoger la suspensión cautelar de la norma del referéndum y las impugnaciones del decreto de convocatoria y la constitución de la "sindicatura electoral" catalana. Según dijo, no estaba al corriente de los anuncios del "Diari Oficial de la Generalitat" (DOGC) y que en cualquier caso la resolución del Constitucional era una minucia burocrática que no iba a impedir la celebración del 1-O.
El trámite administrativo verificado en la edición de este lunes del DOGC no implica que los líderes separatistas comiencen a arriar las velas. La amenaza de intervención de las cuentas autonómicas será replicada con un recurso judicial del departamento de Oriol Junqueras para el que es necesario una apariencia de respeto por las disposiciones legales. De ahí el "reconocimiento burocrático" de la disposición del Tribunal Constitucional sobre el referéndum.
La Guardia Urbana, contra el 1-O
Por otra parte, la Guardia Urbana de Barcelona se ha tomado al pie de la letra las órdenes fiscales de actuar en contra de la organización y celebración de la consulta. Ayer identificó al secretario de Inmigración de la Generalidad, el republicano Oriol Amorós, cuando participaba en un pequeño mitin del referéndum al aire libre. Este lunes ha trascendido que la policía municipal ha abierto diligencias contra la empresa dependiente del Ayuntamiento Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) por la propaganda que se exhibió en autobuses y estaciones de Metro a favor del 1-O.
La policía municipal de Vich también requisó este fin de semana material del referéndum en un acto que celebraba la CUP en dicha localidad barcelonesa. La alcaldesa, Anna Erre, de Convergencia y que gobierna con el apoyo del PSC, ha prometido que tratará de que la policía local no cumpla con las órdenes de la Fiscalía.