Las cuatro asociaciones judiciales con mayor representatividad entre los miembros de la carrera han unido fuerzas en relación al desafío separatista. Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente han difundido un comunicado en el que definen el escenario y las posibilidades de los cargos políticos, los funcionarios y la ciudadanía y muestran su apoyo a los juristas que trabajan en la defensa de nuestro ordenamiento.
Encabeza el texto un resumen de las líneas básicas de nuestro Estado de Derecho: "Los ciudadanos y los poderes públicos, todos sin excepción, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que la misma ampara. Solo el respeto a la Constitución y a los principios y valores que propugna garantiza la convivencia democrática. Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé́ no hay legalidad ni Estado de Derecho". La Justicia, como Poder del Estado, emana del conjunto del pueblo español, único sujeto de la soberanía nacional, y se administra por jueces y juezas, magistrados y magistradas independientes y sujetos únicamente a la Constitución y a la ley.
En segundo término, acota la función de los jueces y magistrados: "No corresponde a los miembros del Poder Judicial interpretar la historia ni resolver conflictos políticos, pero sí ejercer la función jurisdiccional, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la ley, para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas.
Las asociaciones se adentran en el pulso de los rupturistas concretado en los últimos movimientos: "La aprobación por el Parlamento de Cataluña de las denominadas Ley del Referéndum de Autodeterminación y Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, suspendidas por el Tribunal Constitucional, carece por tanto de eficacia alguna para alterar el sistema constitucional descrito al situarse fuera del marco que sustenta su propia autoridad, como recuerda el propio Tribunal". En consecuencia, las mencionadas normas no tienen valor vinculante alguno y nuestro deber, como Poder Judicial, es no aplicarlas, como tampoco las disposiciones reglamentarias o administrativas que pudieran derivarse de ellas.
También se dirigen a la población: "Los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir dichas Leyes ni las normas dictadas en su desarrollo. Por su parte, los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución. Unos y otros encontraran amparo y respuesta en los Juzgados y Tribunales ante cualquier actuación encaminada a aplicar o imponer disposiciones suspendidas o declaradas nulas".
"Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida", añade el comunicado. "La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario.
Las asociaciones judiciales concluyen con un mensaje de apoyo a los miembros de la carrera: "En el desarrollo de su difícil labor, los jueces y juezas que ejercen la potestad jurisdiccional en la Comunidad Autónoma de Cataluña cuentan con todo el apoyo y cobertura institucional, material y moral del conjunto de la Judicatura española de la que forman parte".