Elena Martínez, líder de Rodea el Congreso, militante de Izquierda Castellana y asesora de EH Bildu en el Parlamento compareció este miércoles en la rueda de prensa que ofrecieron distintos miembros de Madrileños por el Derecho a Decidir tras el auto del juzgado de instrucción número 3, que prohibió la celebración del que acto que iba a celebrarse en un local municipal.
Martínez ha señalado que ese acto a favor del referéndum ilegal en Cataluña se celebrará en otro lugar, aún por determinar, ya que se trata de una "batalla entre neofranquismo y democracia". "Madrid por la libertad de expresión, por la democracia... tenemos el deber en esta batalla entre neofranquismo y democracia de hacer democracia; vamos a hacer apología de la democracia y haremos un llamamiento a que hagan el acto, porque tenemos una democracia con mordaza, sin urnas, sin legitimidad, una democracia sin democracia", ha expresado en rueda de prensa Elena Martínez, integrante de la plataforma.
Hace un año renovó su puesto de asistente del Grupo Mixto de la Cámara, donde lleva trabajando para los herederos de Batasuna desde enero de 2012, primero con Amaiur y desde este año con la marca EH Bildu. Su nombramiento como "asistente" de los diputados del Grupo Mixto, dentro del personal eventual de la Cámara, se publicó 6 de octubre de 2016 en el Boletín de las Cortes Generales y llevaba la firma de Francesc Homs, en su calidad de portavoz del Grupo Mixto. Elena Martínez empezó trabajando para los diputados de Amaiur tras las elecciones de diciembre de 2011 y este año con EH Bildu, la formación que asumió aquella marca.
Por este trabajo, percibe un sueldo anual de en torno a 28.000 euros brutos por catorce pagas (algo más de 1.500 euros netos al mes).
Impulsor de Podemos y un miembro de AM
Además de Martínez, han estado presentes el politólogo Jaime Pastor, uno de los impulsores de Podemos; el catedrático emérito de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Sádaba, y el miembro de La Comuna Pedro Casas, que concurrió en las listas electorales de Ahora Madrid.
La plataforma ha asegurado que mantienen el acto porque es un acto "de solidaridad con el pueblo catalán". Sádaba ha precisado que utilizarán para ello las herramientas necesarias, y que "rechazan todas las medidas de veto" ya que el acto es "en solidaridad con el pueblo catalán". "Estas prohibiciones no hacen sino darnos más motivos para decir sí a la democracia, sí al derecho de expresión", ha señalado.
"Falange y PP coincidieron en el fondo"
Casas ha señalado que la concejala-presidenta de Arganzuela, Rommy Arce, firmó la solicitud para la cesión de la Nave de Terneras el 12 de julio. Además, ha precisado que el acto no lo convoca una asociación independentista, ni Ahora Madrid, sino un "conjunto de personas" a favor de realizar el referéndum en Cataluña y que defienden el "derecho democrático a expresar una opinión diferente a la mantenida por el Gobierno de Rajoy".
Además, en su intervención Casas ha puesto sobre la mesa que el acto ha recibido amenazas, que han coincidido "en tiempo y lugar". Así, ha recordado que Falange realizó pintadas en contra del acto, con proclamas de muerte al independentismo. "En el mismo lugar, el PP celebró una rueda de prensa", ha indicado, para añadir a renglón seguido que "tanto Falange como PP han coincidido en el fondo".
Por otra parte, ha asegurado que tanto la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como la concejala-presidenta de Arganzuela, Rommy Arce, han recibido "amenazas" tras la cesión del espacio municipal. En este punto, ha agradecido a las autoridades municipales "el respeto estricto a la libertad de expresión" que han demostrado, al mantener "firme su convicción para que cualquier ciudadano pueda usar espacios para la libertad de expresión".
Deslizan que el PP recurrió a ese juez en concreto
La plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir, organizadores del acto a favor del referéndum catalán en Matadero que suspendió ayer el juez José Yusty, han acusado al magistrado de "excederse", y tienen "sospechas" de que éste sea "afín" al PP y que el recurso no se resolviera por reparto sino que se eligiera al magistrado.
Según ha expresado en rueda de prensa uno de los responsables que registró la petición en el Ayuntamiento, Pedro Casas, el recurso de los populares quería prohibir la cesión del espacio municipal, mientras que el auto de Yusty prohíbe el acto. "El recurso del PP se ciñe a que se suspenda un acto administrativo; se pide que se paralice la cesión del local, pero el juez va mucho más allá de lo que los propios demandantes le pedían", ha recriminado.
Para Casas resulta "curiosísimo" que se resuelva un recurso contencioso-administrativo con "esa rapidez". "En un caso concreto de libertad de expresión un juez se toma la libertad de, en menos de 24 horas, hacer un auto", ha indicado, para añadir a continuación que se trata de algo "aberrante". "Dice 'debo suspender el acto, no la cesión...' eso es pasar límites, cuando el juez se pronuncia sobre algo que no le han pedido; es pasarse siete pueblos", ha reprochado.
"El TC no ha declarado ilegal el referéndum"
No opina lo mismo la alcaldesa de la capital. Manuela Carmena ha dicho que "un juez tiene la opinión que tiene y no por eso se impide que el mismo juez ejerza bien su magisterio", ha destacado. Preguntada por la prensa sobre si le llama la atención que el recurso del PP haya ido a caer a Yusty Bastarreche, la alcaldesa ha sido rotunda al contestar que no, que habrá llegado a él "por reparto aleatorio". "No quiero ni pensarlo (que hubiera una premeditación para que le tocara ese recurso a este juez en concreto). Sería una irregularidad absoluta y no creo que eso haya podido suceder", ha contestado.
No obstante, la regidora ha asegurado que el Tribunal Constitucional no indica que el referéndum sea "ilegal" sino que "lo que se dice es que se suspende la ley del referéndum". "El referéndum no es ilegal. No hay más que leerse la providencia del TC para ver que lo único que se dice es que se suspende la ley del referéndum en Cataluña", ha dicho Manuela Carmena, exjueza, en referencia a la sentencia.
La regidora se ha pronunciado de este modo durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Cibeles para presentar una medida municipal encaminada a convertir en jardines los balcones y terrazas de edificios del Ayuntamiento. "La gran equivocación es que no hay ningún acto declarado ilegal", ha sostenido Carmena, que ha recordado además que la petición de una asociación para realizar ese acto fue previa a la resolución del Tribunal Constitucional y además no hacía referencia a "nada" dictado por esa institución.
Manuela Carmena ha expresado su confianza en que cuando el juez José Yusty –del juzgado de lo contencioso número 3 de Madrid– "escuche" al Consistorio, "tenga en cuenta" sus razonamientos y ha pedido a los periodistas distinguir entre la suspensión de la ley del referéndum y un acto que, según la petición registrada en el Ayuntamiento, iba a centrarse en "el derecho a decidir".