La instrucción de la denominada Operación Lezo –la trama de desvío de fondos públicos desde el Canal de Isabel II y sociedades orbitantes– se fija, entre otras muchas vertientes, en una supuesta comisión de 1,4 millones de euros depositada en 2007 en una cuenta en Suiza, al parecer gestionada por testaferros. El presunto pagador es Javier López Madrid, exconsejero de OHL; y el presunto receptor, Ignacio González. Respondería a una contraprestación por el amaño del contrato público para la construcción del tren de Navalcarnero, otorgado ese año por la Comunidad de Madrid a la empresa española de construcción. Casi una década más tarde, el proyecto –estimado en 362 millones de euros– está enterrado por imposibilidad de pagos del Gobierno regional.
El juez Manuel García Castellón –que instruye la causa desde el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional– ha inaugurado la ronda te interrogatorios que practicará en otoño. Ha tomado declaración a Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL y suegro de López Madrid. Según el empresario, no tuvo ninguna participación en el presunto pago de la comisión al expresidente madrileño Ignacio González, en prisión incondicional desde el pasado mes de abril como presunto cabecilla.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Villar Mir ha comparecido como investigado durante aproximadamente dos horas y la Fiscalía no ha solicitado la adopción de ninguna medida cautelar. OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group, unos pagos que la UDEF ligaba a supuestas irregularidades de licitación y adjudicación de la concesión del cercanías.
La empresa ha asegurado que amplió su investigación interna a dicha adjudicación y garantiza que las conclusiones determinan "con claridad y rotundidad que no hubo ningún tipo de indicio de trato de favor en la adjudicación y desarrollo de este proyecto". Según fuentes conocedoras del procedimiento de licitación, OHL "no recibió exceso de puntuación en relación con el resto de ofertas" que pujaban por hacerse con el proyecto del tren de Navalcarnero. De hecho, recuerdan que en la puntuación global de los criterios subjetivos OHL se posicionó segundo, aunque en relación con los criterios objetivos fue la única que recibió máxima puntuación (60 puntos) en el de asunción de riesgos, al presentar la oferta más arriesgada.
En el recurso que presentó el pasado mes de junio contra su imputación, Villar Mir negó de forma rotunda haber participado en las transferencias y facturas investigadas para la concesión, afirmando que en ningún momento "se concreta la intervención personal que se achaca" y que "ningún comportamiento se le atribuye al respecto, activo o pasivo".