La Fiscalía acusa de malversación a Puigdemont y su gobierno

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) la querella contra el presidente de la Generalidad y los miembros de su Gobierno por la firma de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, y pide fijar medidas cautelares –incluyendo fianzas– para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias. Entre los delitos de la querella se encuentra el de la malversación de caudales públicos, que conlleva penas de prisión.

En la querella presentada este viernes, recogida por Europa Press, la Fiscalía pide al TSJC que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados", incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije.

El fiscal considera que el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern que estamparon su firma en el decreto de convocatoria pueden haber cometido los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, y pide a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra que adopten las medidas necesarias para impedir el referéndum.

Entre estas medidas se incluye la retirada de urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales y elementos informáticos, y además el fiscal pide que -si es necesario- se dé autorización para la entrada y registro en domicilios y otros recintos que requieran orden judicial.

La fiscalía también pide como medidas cautelares que se cierre la página web de organización del referéndum garanties.cat, que se dirija un oficio a los directores de medios para que no incluyan propaganda institucional por el referéndum en su programación y publicaciones, y que se aperciba a todos los alcaldes catalanes para que impidan que se facilite cualquier recurso material o personal para hacer el referéndum.

El fiscal pide estas medidas porque la conducta de los querellados para impulsar el referéndum se acerca "casi a la frontera de la evidencia o flagrancia delictiva". "Parece obvio que la progresión de la conducta de los querellados no deja lugar a dudas sobre la verdadera intención de que se celebre un referéndum que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional", afirman, asegurando que, si no se toman las medidas, se podría alcanzar la fase de agotamiento delictivo.

En su escrito, el fiscal afirma que los miembros del Gobierno catalán "violaron frontalmente" los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del referéndum de autodeterminación con los decretos de convocatoria de referéndum y de normas complementarias, ya suspendidos por el alto tribunal.

Aviso de Maza a cualquiera que ayude con el referéndum

Además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dictado una instrucción en la que insta a las fuerzas de seguridad a actuar ante cualquier preparativo del referéndum desarrollado por autoridades, funcionarios públicos o incluso particulares. Maza envió este jueves esa instrucción, a la que ha tenido acceso Efe, al fiscal superior de Cataluña y a los cuatro fiscales jefes provinciales de esa comunidad autónoma.

En ella, insta a instruir a los máximos responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra para que, en funciones de policía judicial, elaboren atestados e intervengan los efectos del delito "ante cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o de particulares, en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum".

En primer lugar, se dirige al fiscal superior de Cataluña y le manda impartir su instrucción general a los responsables de esos cuerpos, concretamente al general jefe de la zona de la Guardia Civil, al jefe superior de Policía de Cataluña y al Major del Cos de los Mossos.

Esta instrucción la deben remitir a "los servicios y unidades centrales a su mando" en Cataluña, para que en sus funciones de policía judicial elaboren atestados en caso de que se realicen preparativos para la consulta.

En segundo lugar, ordena a los fiscales jefes de cada provincia notificar la instrucción del fiscal superior de Cataluña a los responsables de las fuerzas de seguridad en cada uno de esos territorios con el fin de que actúen del mismo modo ante cualquier actuación en el ámbito local o provincial.

Estos fiscales notificarán asimismo, por orden de Maza, su instrucción a los fiscales jefes de área de cada provincia "para que estos las cumplimenten en su respectiva demarcación".

Además, emplaza al fiscal superior y a los fiscales jefes a remitir instrucciones particulares si tienen conocimiento de cualquier acto concreto dirigido a la organización del referéndum. Y a que incoen diligencias de investigación y formulen denuncias o querellas cuando reciban atestados o tengan conocimiento por otra vía de actos preparativos del 1-O.

A su juicio, la notoriedad de la prohibición de la organización hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios o particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La instrucción afirma que los pronunciamientos del TC dejan clara la "falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar consultas, incluso no referendarias, que versen sobre cuestiones que afectan al orden constituido", por lo que "queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación".