PP, PSOE y Cs cierran filas para delegar en la Justicia la respuesta al golpe separatista

Al día siguiente de que los secesionistas dieran a conocer la Ley de Transitoriedad, conocida como ley de desconexión, PP, PSOE y Ciudadanos han seguido cerrando filas contra el proceso que pretende desembocar en un referéndum independentista el 1 de octubre, aunque dejando claro que es la Justicia quien debe actuar contra quienes violenten la Constitución y los dictámenes de su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional.

La primera en exponer esa doctrina este martes ha sido la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Margarita Robles, quien en una entrevista en Onda Cero planteaba, como nunca lo ha hecho el Gobierno, la necesidad de actuar, eventualmente, contra quienes pongan las urnas de esa consulta ilegal prevista para dentro de un mes: "¿Hay que retirar las urnas? Pues en principio, cuando se está teniendo conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, pues habría que retirar las urnas. Vamos a ver dónde se ponen las urnas, cómo se ponen las urnas y si se le llama urnas o no se le llama urnas. Lo que está clarísimo es que cualquier acto preparatorio para la comisión de un hecho delictivo, la obligación es impedir que se cometa ese hecho delictivo".

Unas nítidas palabras que se salen de la doctrina oficial del PSOE y que Robles, magistrada en excedencia, aclaraba poco después en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados: "Yo planteaba una cuestión puramente jurídica. Desde el punto de vista político, espero que esa situación nunca llegue a producirse. Espero que, precisamente, porque actúe la política, porque funcione la política, porque haya sentido común y porque haya diálogo, esa situación de que se pongan las urnas, nunca llegue a producirse". Fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital afeaban así la conducta de su portavoz: "Margarita se ha metido, ella sola, en un jardín". Sin embargo, las palabras de Robles ratifican la consigna de que será el TC el que frene a los secesionistas y no una actuación del Ejecutivo echando mano del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional.

Ciudadanos y el 155

Precisamente, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas,quien el lunes por la tarde recibió la llamada de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pedía no entrar en estos momentos en polémicas acerca del 155, después de que el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, haya vuelto a abrir esa vía: "No colaboremos con los separatistas en los marcos y en el discurso que a ellos les interesa. Yo no voy a entrar en polémicas con un líder del PP, ni voy a hacer polémica sobre la aplicación o no del 155. Es un artículo que está ahí, que se puede aplicar si en algún momento se dan las circunstancias para que se aplique, pero insisto: creo que los demócratas nos hacemos un flaco favor si entramos en polémicas sobre medidas concretas".

El número dos del partido naranja daba, además, pistas, indicando que, en todo caso, habría que actuar contra personas en concreto y no contra instituciones, como sería el caso de intervenir la autonomía catalana al amparo de ese precepto constitucional: "El Estado de Derecho tiene que actuar conforme haya dirigentes políticos, personas en todo caso, que se lo piensen saltar, igual que actúa contra cualquier ciudadano que se salta la ley".

El PP, por su parte, evita concretar medias. El secretario general de los populares en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, aseguraba que el Estado de Derecho "tiene herramientas suficientes" para frenar los planes del Gobierno de Carles Puigdemont, aunque sin especificar si el artículo 155, el control de los Mossos d’Esquadra o, llegado el caso, la retirada de urnas. "Paso a paso" afirmaba el número dos del Grupo Popular.