Otra tentativa a la desesperada de Ignacio González para salir de la cárcel. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha recurrido la decisión del nuevo juez instructor de la Operación Lezo, Manuel García Castellón, que como su antecesor Eloy Velasco entendió que la libertad del exdirigente popular pondría en peligro la investigación. El supuesto cabecilla de la trama de desvío de fondos públicos ha propuesto que se sustituya la medida por el arresto domiciliario con intervención de las comunicaciones y prohibición de acercarse a todas las personas relacionadas con la causa.
Se trata del recurso de apelación contra la decisión de García Castellón. Firma el escrito Esteban Mestre, el abogado de González, que solicita la modificación de las cautelares a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, superior jerárquico del juez de instrucción. El letrado acusa de "incongruencia omisiva" al magistrado por no haberse pronunciado acerca de la propuesta con las que podría sustituirse la situación de prisión provisional, medida que considera exagerada por el tiempo transcurrido desde su detención en abril.
González siempre ha apelado a la complicada situación anímica en la que se encuentra en prisión. En este nuevo recurso, insiste en que no hay base para apreciar un riesgo de fuga, teniendo en cuenta que, según él, carece de fondos económicos y tiene sus cuentas bloqueadas. García-Castellón le atribuye un "papel decisivo y necesario" en los delitos investigados en la Operación Lezo: malversación, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.
Ignacio González y su considerado hombre fuerte en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, son los únicos que permanecen en prisión preventiva por el caso Lezo.