Podemos pide que el PP sea desterrado de Andalucía por la jornada de 35 horas

La formulación precisa se debe a la diputada podemita Libertad Benítez que, según El Mundo, dijo ayer: "Hay que desterrar al PP de esta tierra, no podemos dejar que sus políticas entren en Andalucía". Se refería a su exigencia de dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el marco de la suspensión cautelar, ordenada por el Tribunal Constitucional, de la jornada de 35 horas decidida unilateralmente por el gobierno de Susana Díaz.

Desde el principio de la transición, se vio claro que el objetivo del PSOE, con apoyo comunista, era muy singularmente en Andalucía, impedir por todos los medios que el centro derecha andaluz representado primero por UCD y luego por el PP, tuviera participación en los asuntos regionales. El "cordón sanitario" contra la infección popular vuelve a trenzarse. Podemos lo ha formulado con claridad: "Hay que desterrarlo de Andalucía", concreción de la creencia que insiste en que quienes no sean de izquierda, no pueden ser andaluces.

La implantación de la jornada de 35 horas en la función pública andaluza en 2017 y su posterior suspensión ha provocado la perplejidad de los empleados públicos y ha dejado a Juan Manuel Moreno a los pies de unos caballos que es incapaz de refrenar.

La historia comenzó en enero, cuando la Junta decidió implantarla y siguió, inexplicablemente en julio, cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió recurrirla, tras meses de permitirla, así como a una norma complementaria que permite a la Junta contratar personal para compensar el descenso de las horas de trabajo.

La decisión del TC era lógica y tenía precedentes por la duda acerca de si una Comunidad Autónoma puede legislar por su cuenta sobre temas de empleo público. Entonces, Juan Manuel Moreno apeló a la autoridad y capacidad de decisión de Cristóbal Montoro para no aplicar la suspensión ordenada por el alto tribunal hasta que éste adoptara una decisión definitiva. O sea, que ha quedado en tierra de nadie mientras PSOE, Podemos, IU e incluso Ciudadanos afean al gobierno de Rajoy su comportamiento.

Mientras Juan Manuel Moreno se afana en fustigar a "Lady Bronca", como ya ha llamado a Susana Díaz, todas las izquierdas e incluso Ciudadanos, han configurado este nuevo cordón sanitario que vuelve a aislar a un PP de Andalucía que no encuentra el modo de zafarse del agobio.

No es el único caso que está provocando movimientos sísmicos en el PP andaluz, cuyo desgaste en los congresos provinciales ha sido notable. Acaba de saltar otro girón de la financiación irregular del PP en la provincia de Córdoba, donde su líder, José Antonio Nieto, fue obligado a retirarse del PP cordobés por el propio Moreno en cumplimiento de los nuevos estatutos aprobados en el Congreso nacional.

Nieto, íntimo amigo de Juan Ignacio Zoido y conocido opositor a los actuales dirigentes del PP andaluz, viendo siendo castigado sucesivamente por diferentes filtraciones, tanto en el Ministerio del Interior como en el propio partido, ahora con correos electrónicos que parecen sustentar la hipótesis de una financiación irregular del campaña del PP en Córdoba en 2008 con presunta implicación de la empresa cordobesa Prasa.

ABC, que subraya la posibilidad de la existencia de un "fuego amigo", informa de que Juan Manuel Moreno contactó con Nieto y que éste le dijo que en Córdoba todo ha sido legal. Lo cierto es que este nuevo revés, que da la patada al ahora secretario de Estado de Seguridad, aterriza en el trasero de Juan Manuel Moreno.

Para terminar de complicar la existencia de un Moreno que baja en las encuestas, salvo en la ciudad de Málaga, el caso de los ERE va confirmando una dirección de la instrucción, muy hostil hacia el PP de Andalucía y el PP en general. La juez Núñez Bolaños, que ya ha acusado abiertamente al PP de alterar y entorpecer su labor, acaba de solicitar al gobierno que explique cómo se concedían ayudas a las prejubilaciones desde el Ministerio de Trabajo desde 2001 a 2011.

Con ello, salta el hasta ahora marco cercado de investigación, el comportamiento de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, y trata de saber si los mecanismos utilizados por los sucesivos gobiernos de España, desde el gobierno Aznar al gobierno Zapatero, usaron los mismos mecanismos y los mismos procedimientos que los de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Según las defensas, Alaya dio por supuesto que el gobierno central no actuó igual que el andaluz, pero es algo que no se ha demostrado.