El PP-A pide la dimisión del consejero que esgrimió un falso informe del CSIC contra Gas Natural

El PP andaluz califica de "mentiras" lo actuado por la Junta en el caso de Gas Natural esgrimiendo un informe desmentido luego por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC– y ha situado al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, responsable de los hechos, "en el camino de salida" de su cargo.

Por elevación, el PP andaluz considera que Susana Díaz "ha traspasado las últimas líneas rojas, siempre en busca de una bronca que tape su ineficacia". La carta en la que el CSIC rechaza la autoría del informe –que la Junta pretende utilizar para llevar ante los tribunales un proyecto gasístico en el entorno de Doñana– "deja en evidencia a la señora Díaz y a su consejero".

Es más, el PP insiste en que Díaz "es capaz de llegar a la mentira, a faltar el respeto al CSIC y a los andaluces con tal de tapar una situación que ya es insostenible" porque "no le importan Doñana ni el medio ambiente, sino ponerlos al servicio de sus intereses". Como ejemplo, puso los 20 millones de euros que la Junta ha dejado de gastar en la ejecución de cortafuegos mientras luego, tras el incendio de Moguer, "se le llena la boca de Doñana".

Dolores López, secretaria general del PP andaluz, recordó que el proyecto gasístico del entorno de Doñana "fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el beneplácito de los socialistas andaluces" pero "la señora Díaz ha pasado de apoyarlo a querer llevarlo ante los tribunales, sirviéndose para ello de una mentira".

El consejero aludido, José Fiscal, sigue llamando informe del CSIC a lo que sólo fue una carta de advertencia de que no disponía de expertos geólogos para emitir el informe solicitado por el Defensor del Pueblo. Junto a la carta, el delegado andaluz del CSIC, Manuel Ángel Ferrer, adjuntó algunos documentos publicados sobre Doñana al margen del CSIC, que son los que Fiscal quiere utilizar para llevar a los tribunales el proyecto gasístico.

El TS ya dictó una sentencia contra la Junta

A pesar de que Susana Díaz ha anunciado que acudirá a los Tribunales si el gobierno de Rajoy no paraliza el proyecto, ABC recuerda este martes que el Tribunal Supremo ya dictó una sentencia contra la Junta de Andalucía por bloquear un proyecto al que no puso objeciones durante los siete años que duró su tramitación, produjo indefensión e invasión de competencias. Fue sólo al final del proceso, por presiones de Izquierda Unida, entonces socio del gobierno andaluz, cuando trató de bloquear lo ya aprobado. Tampoco Bruselas apoyó las pretensiones de la Junta de Andalucía.

El fallo estimó el recurso interpuesto contra la resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 10 de septiembre de 2013 mediante la que se inadmitió "el recurso de alzada formulado contra acuerdo de la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de 18 de abril de 2013 por la que se suspende el plazo de resolución del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada de los proyectos "Marisma Odiel" y "Aznalcázar", recurso que se amplía contra resolución de la misma Consejería de 11 de noviembre de 2013 por la que reproduce ante la Administración General del Estado la emisión de un nuevo informe, declarando su nulidad por ser contrarios al ordenamiento jurídico".