Será con toda probabilidad el segundo de los Pujol que pise la cárcel, después de que su hermano mayor Jordi Pujol Ferrusola permaneciera un tiempo como principal sospechoso del blanqueo de capitales familiar. Según fuentes del Ministerio Público consultadas por Libertad Digital, Oriol Pujol ha aceptado una condena a dos años y medio de prisión por el caso de las ITV. De esta forma, admite la comisión de delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias con el cobro de comisiones ilegales en el marco del caso ITV. A cambio, como adelantó este periódico, su mujer Ana Vidal podrá sustituir la pena de cárcel por el pago de una multa cuyo importe aún no se ha hecho notorio.
Marido y mujer reconocen que recaudaron mordidas de empresarios a los que, con su influencia política, ayudaron a obtener adjudicaciones de estaciones de ITV. El acuerdo llega tras más de un año de negociaciones y se ha materializado en una vista celebrada en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, el paso previo a la apertura de juicio con jurado popular. Se trata de un pacto parcial puesto que no se han sumado ni el patrón Sergi Alsina ni quien fuera número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous. Será el Tribunal que enjuicie el caso el que decidirá en los próximos meses si da por buena la conformidad formalizada este viernes por el exdirigente de Convergencia.
Intervención corrupta, "intensa y decisiva"
La Fiscalía Anticorrupción concluyó hace un año que Oriol Pujol, gracias a su condición de diputado por Convergencia y Unión en el Parlamento catalán, utilizó su influencia política para favorecer a empresarios del sector de las ITV. También dictaminó que el hijo del expresidente cobró comisiones por esos beneficios de uno de ellos, amigo personal, que camufló los pagos con falsos conceptos como trabajos de asesoría de la mujer del político que jamás se produjeron.
La acusación pública pedía cinco años y dos meses de cárcel y una multa de 310.000 euros para Oriol Pujol por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, y falsedad continuada en documento mercantil. Para su mujer, Anna Vidal, rebajaba sus pretensiones a los tres años y cuatro meses de prisión. Según la Fiscalía, ella se embolsó fondos entre 2010 y 2012 por esos servicios no prestados al empresario íntimo de su marido, el también acusado Sergi Alsina, y en concepto real de comisiones a cambio de favores políticos.
Los empresarios que participaron de la trama cobijada por Oriol Pujol pagaban por la intervención del político, "intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los implicados gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba", explicó el Ministerio Público en su informe. Añadía que "gracias a la labor fundamental del acusado Pujol Ferrusola, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del acusado Sergi Alsina Jiménez –entre otras–, tuvo un éxito esperado".
El sector de las ITV
Las maniobras en beneficio de Sergi Alsina no se circunscribieron al sector de las Inspecciones Técnicas de Vehículos, en este ámbito colaboró con otros empresarios. La relación de los propietarios de establecimientos para pasar la ITV con Oriol Pujol comenzó en 2010 en base a los datos de la Fiscalía.
El hijo del expresidente Jordi Pujol sugirió aquel año al Gobierno catalán que contratase al empresario vinculado a la trama Josep Tous para diseñar el plan territorial de las estaciones de ITV. Según Anticorrupción, aquella decisión escondía la voluntad de que el proyecto favoreciese los intereses privados de otro empresario acusado, Ricard Puignou, en la negociación sobre las estaciones.
La Fiscalía sigue pidiendo seis años y dos meses de cárcel y una multa de 250.000 euros para Sergi Alsina por tráfico de influencias, falsedad documental continuada y dos delitos de cohecho. También solicita un año de cárcel para Ricard Puignou y Josep Tous por cohecho; la misma pena de prisión para Sergi Pastor, en su caso por supuesto tráfico de influencias y acompañada de una multa de 250.000 euros.