Golpe de efecto en el proceso separatista. La investigación abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a raíz de las revelaciones del exjuez y exsenador Santi Vidal sobre la organización del referéndum ha alterado este jueves aún más las revueltas aguas de la política catalana. La presencia de miembros de la Guardia Civil en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), escenario de la presentación en público de la denominada "ley del referéndum", para pedir la documentación sobre aquel acto ha sido filtrada desde el teatro al grupo parlamentario de Junts pel Sí, cuyos portavoces han aprovechado para lanzar graves acusaciones contra el sistema judicial y el Gobierno.
El juez ha ordenado a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que pida la documentación relativa a la contratación del acto y ha dado cinco días a los responsables administrativos del Teatre Nacional, dependiente de la consejería de Cultura de la Generalidad, para aportar dicha información.
Tras ser advertidos por los responsables del centro, la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, el presidente del grupo, Jordi Turull, y el diputado Lluís Llach han convocado a la prensa en el Parlament para arremeter contra la fiscalización del referéndum.
Llach y el tardofranquismo
Llach afirmó que "la presencia de la Guardia Civil en el TNC nos devuelve al tiempo del tardofranquismo, pero con la diferencia de que los represores actuaban de manera directa y no iban a meter miedo a los intermediarios". "Es una vergüenza, un atentado contra la libertad política; estoy profundamente escandalizado", añadió el cantautor. Turull, por su parte, aseguró que la contratación del TNC para presentar la "ley" corrió a cargo del grupo parlamentario y ha afirmado que el acto costó 17.609 euros.
Entrega de un auto
Los agentes de la Guardia Civil se han limitado a entregar un auto judicial en el TNC. No ha habido registro ni se ha interrogado a nadie, pero el grupo de Junts pel Sí ha aprovechado la circunstancia para reafirmarse en su objetivo del referéndum y tratar de desviar la atención sobre la brecha abierta en el gobierno catalán entre los consejeros partidarios de llegar hasta el final y quienes se niegan a poner en riesgo su patrimonio. Junqueras, por su parte, exige que todos los actos jurídicos de la consulta lleven la firma de todos los miembros del ejecutivo catalán para asumir las funciones de coordinador del referéndum.