Junto con la Sanidad, la Educación andaluza es un frente abierto para la nueva Susana Díaz, centrada, ahora sí y sin más remedio, en Andalucía. Para enjugar los problemas, acaba de nombrar consejera del ramo a la ahora ex secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Andalucía hasta 2016. Un fallo judicial acaba de demostrar que las irregularidades son un suma y sigue en la educación andaluza. Ahora ha dado la razón al director de un colegio público que se negó a matricular "a dedo" a los alumnos recomendados por la Junta al margen de la ley.
Al igual que el dinero público, que no es de "nadie", según una famosa máxima de la ex ministra socialista Carmen Calvo, la educación pública parece que tampoco es nadie salvo del PSOE andaluz, que, además de colocar a profesores sin pasar prueba alguna y nombrar a más de mil directores de centros públicos a dedo, se sabe ahora que tampoco ha respetado la igualdad de los ciudadanos ante la ley en esta materia.
Cuenta hoy El Mundo que el que fue director del colegio público La Motilla de la localidad de Dos Hermanas, próxima a Sevilla, fue apartado de su cargo por negarse a matricular a unos alumnos que habían sido "recomendados" por la Delegación de Educación de la Junta sin atender a las normas establecidas con la consecuencia de dejar fuera del centro a otros alumnos que sí tenían derecho a la matriculación.
La Junta, lejos de investigar la ilegalidad y la arbitrariedad, abrió expediente disciplinario al director del centro, que fue destituido como consecuencia e incluso llegó a proponerse su expulsión del profesorado andaluz. José Antonio Cruz Miranda se llama el digno docente que ahora, tres años después, ha ganado el juicio cuya sentencia condena a la Junta a reponerle en su puesto de dirección con pago de sus haberes desde su cese.
Fue el sindicato Ustea quien ha llevado la defensa del perseguido, que lo fue por negarse a admitir la escolarización arbitraria de alumnos sin respeto al derecho de los demás que tuvieron que quedarse en listas de espera a pesar de cumplir los requisitos legales.
Para conseguir apartar al director díscolo la Junta utilizó, como es habitual desde hace treinta años, a uno de los componentes de su Inspección Educativa, en este caso en Sevilla, Alberto Moreno, jefe de la Inspección en la provincia de Sevilla.
Más que curiosamente, Moreno tuvo que dimitir el año pasado por haber contratado a su hija como profesora sin que en ella concurrieran otros méritos y capacidades que ser miembro de su familia.
Aquel caso, que sigue en los tribunales, destapó la existencia de una forma ilegal de contratación de profesores. Incluso la propia ex consejera, Adelaida de la Calle tuvo que admitir que la delegación de Educación en Sevilla concedía cada año al menos cuatro puestos docentes "a dedo" a profesores que no habían concurrido a ningún tipo de concurso de méritos. Una de esas plazas, adscritas al Comisionado del Polígono Sur, es la que ocupaba la hija del inspector jefe educativo de Sevilla, Alberto Moreno, Anais Moreno Malpartida.
Dijo entonces la Junta que se trataba de "puestos por designación", una figura que, naturalmente, ni aparece en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Educación ni en ninguna otra parte oficial. Sin embargo, sólo en Sevilla, con esta percha formal, fueron contratados en los últimos 10 años 14 personas, contratos de los que la disciplinaria Inspección de la Junta no se enteró siquiera dado que eran sus propios miembros los que los perpetraban
Según el PP, el caso de estos contratos a dedo en la delegación de Educación de Sevilla para cubrir puestos docentes constituía "la punta del iceberg de un gran escándalo", que afectaba al servicio de la Inspección, "que debería ser precisamente uno de los garantes de la legalidad en los centros educativos".
Ahora se ha conocido que además de contrataciones a dedo de personas que ni eran funcionarias ni interinos en calidad de profesores, ha habido asimismo matriculaciones de alumnos a dedo y al margen de las normas, de modo que han sido admitidos alumnos que no debían serlo por razones de afinidad con la Junta mientras otros aspirantes que tenían derecho han quedado en la calle.