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La Fiscalía pide aumentar la pena a Urdangarín de 6 a 10 años de cárcel

La Audiencia de Palma le condenó a 6 años y 3 meses de cárcel, pero la Fiscalía ha pedido ampliarla a 10 años de prisión.

Iñaki Urdangarín saliendo de la Audiencia de Palma | EFE

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este lunes recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en el caso Nóos, en la que pide incrementar la pena a Iñaki Urdangarín a una condena de 10 años de prisión.

La Audiencia de Palma le condenó a 6 años y 3 meses, pero la Fiscalía solicita un agravamiento de la pena en un complejo recurso de 105 folios presentado hoy por la fiscal María Ángeles Garrido, que también pide aumentar la condena al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y al expresidente balear Jaume Matas y condenar a cuatro de los absueltos de la rama valenciana del caso.

En cuanto a Urdangarin, el recurso aboga por un incremento de la pena inicial en 3 años y 9 meses al entender que se le debe condenar por la malversación continuada de caudales públicos por los Fórum Illes Balears de 2006 y de 2005.

La petición de condena de la Fiscalía ha sido objeto de controversia porque inicialmente informó de manera incorrecta sobre el alcance del recurso y más tarde señaló de manera extraoficial que la propuesta era de 14 años y medio de prisión, sin aclarar las dudas que se le plantearon hasta que a las 19.30 horas ha emitido un comunicado.

A juicio de la fiscal, en los foros que el Instituto Nóos organizó en Palma los acusados se concertaron "prescindiendo absolutamente del procedimiento, prevaricando, para permitir la salida contraria a la ley de fondos públicos por importe de más de dos millones de euros".

Para la fiscal, hay una desproporción "flagrante" cuando por dos millones de euros "se ofrece como contraprestación la celebración de un seminario durante dos o cuatro días sobre turismo y deporte". "Si a ello se une que no se requiere justificación alguna, el desfalco está servido", añade.

La contratación de Nóos, insiste la fiscal, "sólo obedeció a la identidad de don Ignacio Urdangarin y exclusivamente en relación con su condición del yerno del entonces Rey de España".

Respecto al resto de los delitos, la fiscal cree que el delito de fraude a la administración por el que se le condenó a 7 meses de cárcel debe ser castigado con 2 años de prisión, y acepta la condena a 1 año de prisión por tráfico de influencias (aunque pide una multa adicional) y de otro año por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado.

En cuanto a Diego Torres, exsocio de Urdangarin en el Instituto Nóos condenado a 8 años y medio, la fiscal reclama una condena total de 12 años y 4 meses al considerar que, como Urdangarin, cometió un delito de malversación continuada con los foros que organizó para el Govern balear.

Respecto al expresidente balear Jaume Matas, condenado por la Audiencia de Palma a 3 años y 8 meses de prisión, la Fiscalía solicita que se amplíe su pena por razones idénticas a las anteriores a 4 años y 8 meses.

También propone la fiscal agravar las penas del resto de los acusados de la trama balear: el entonces director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el entonces gerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía y el asesor jurídico de la entidad, Miguel Ángel Bonet.

Asimismo, la representante del Ministerio Público discrepa de la sentencia en lo que refiere a la rama valenciana del caso, que tuvo cinco acusados, todos ellos absueltos, incluido el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau.

El recurso de la fiscal no afecta a este último, pero pide que se condene a cinco años y medio de prisión a Jorge Vela y a Elisa Maldonado, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) y ex responsable jurídica de dicha entidad, por falsificar tres informes.

Quiere además que se condene al exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y al también exdirector de CACSA José Luis Aguilar a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación sin continuidad.

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