Encenagadas las televisiones en Andalucía: pleito por las licencias de TDT anuladas y Canal Sur sin director desde hace 4 años

En 2015, el Tribunal Supremo anuló la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre en un escandaloso concurso en que fueron favorecidos en 2006, como ha sido habitual en Andalucía, los concursantes amigos del PSOE.

Por poner un solo ejemplo, los investigadores de la UCO subrayaron que el administrador de Canal Baeza y La Loma SL, empresas que estaban detrás de Canal 9 La Loma era Ismael Sierra, el cuñado del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas. Es más, la UCO señaló al vicepresidente de la Junta entonces, Gaspar Zarrías, como autorizador de la concesión.

Como consecuencia de la anulación de aquel concurso irregular que afectó a 79 de las licencias concedidas, la Junta de Andalucía de Susana Díaz volvió a convocar un nuevo concurso, pero las empresas afectadas por aquella sentencia del Supremo, que perderán sus licencias, podrían reclamar a la Junta causando un coste de alrededor de 20 millones de euros, informa El Mundo.

Las 79 licencias anuladas fueron autorizadas a seguir emitiendo en un período "transitorio" determinado por la Junta. De ellas, algunas han desistido de seguir concursando y otras preparan su ofensiva legal contra un proceso irregular del que es responsable la Junta de Andalucía.

Por su parte, la Radio Televisión Andaluza está sin director desde hace cuatro años y sin un consejo de administración que mantiene a sus actuales consejeros a pesar de que debió haberse renovado hace tres años. PP y PSOE se benefician de la situación porque mantienen la posición mayoritaria del poder en la cadena y el PSOE mantiene a su subdirector provisional desde hace 4 años en funciones de la dirección general.

Al parecer ninguno de los dos grandes partidos quiere afrontar la voluntad del Congreso de los Diputados de que los directores de las televisiones públicas se nombren por concurso público y con dos tercios de los votos de las Cámaras parlamentarias afectadas. Incluso Ciudadanos, opuesto formalmente a esta situación de desgobierno y partidario de reducción el número de consejeros de la RTVA y su forma de elección, ha dejado entrever que nada podrá ser alterado en esta legislatura.

Ni las pérdidas habituales de la cadena pública andaluza, ni el estallido de nuevos escándalos –el caso Ausbanc, que afectó a un ex alto directivo de Canal Sur; el caso de la SGAE, que ha tenido repercusión en Canal Sur y el caso de un programa de dietas de adelgazamiento aprovechado por ex directivos de Canal Sur–, ni la situación de interinidad política, promueven las reformas necesarias.

Finalmente, nade conoce con exactitud cuál es la situación del sector de las televisiones locales en Andalucía. Los últimos datos conocidos de 2011 condujeron al Consejo Audiovisual andaluz a reclamar la intervención de la Fiscalía. En 2012, tras el análisis de las emisiones de 153 canales locales, 78 de ellos no tenían licencias, 11 más que en 2011. En 2015, la situación empeoraba según los datos facilitados por el propio mencionado Consejo.

Dicho de otro modo, una de cada dos televisiones locales que emiten en Andalucía es pirata, situación que no podría ser comprensible si no beneficiara de algún modo a la Junta de Andalucía, que, a lo largo de su régimen desde 1982, permitió radios y televisiones piratas siempre que le beneficiaran y las cerraba cuando le perjudicaba.