Las principales asociaciones en defensa de la libertad de elección de lengua han dicho basta y han decidido pasar a la acción de forma conjunta. Así, han elaborado una propuesta de ley para garantizar los derechos lingüísticos que será presentada en el Congreso de los Diputados en forma de Iniciativa Legislativa Popular. Lo harán bajo el paraguas de una nueva entidad Hablamos Español, "que informará y llamará a la sociedad española a participar".
La "ley que hemos elaborado se basa en el principio de elección lingüística y es por ello homologable a las que se aplican en los países europeos en los que existen dos o más lenguas oficiales en su territorio", explican desde la nueva entidad. "No queremos quitarle derechos a nadie, pero tampoco queremos que se pisoteen los nuestros".
Los objetivos que pretenden lograr son estos:
- Que haya itinerarios para poder estudiar todas las asignaturas en español en toda España, también en las comunidades autónomas con lengua cooficial, pudiendo aprender ésta como asignatura.
- Que el español puede utilizarse en documentos oficiales, en hospitales, en campañas sanitarias, en indicaciones de edificios públicos, en señales de tráfico, en información turística, etc. "Queremos que la atención al ciudadano en las comunidades con dos lenguas sea bilingüe. Esto no implicará -señalan- que todos los empleados públicos deban conocer la lengua cooficial sino que bastará con que la administración en su conjunto organice sus recursos humanos para satisfacer tales derechos, como se hace en otros países".
- Que también los jóvenes creadores que utilizan el español en sus obras puedan verse beneficiados de las ayudas públicas que se conceden en las autonomías con lengua cooficial.
- Que no se excluya ni se penalice el uso del español a la hora de solicitar una ayuda pública.
- Que los topónimos en español de "larga tradición histórica dejen de estar prohibidos en el ámbito oficial".
Desde la entidad subrayan que "el problema de la exclusión del español en las comunidades autónomas con lengua cooficial nos afecta a todos, a los que vivimos en ellas y a las personas que se trasladan a vivir" allí desde otros puntos de la geografía española ya sea por motivos personales o laborales. "Todas esas personas no pueden escolarizar a sus hijos en español".
Así, registrarán esta propuesta de ley en el Parlamento. Deberán recoger 500.000 firmas. Saben que es complicado, por eso a partir de este lunes mismos han comenzado a organizar equipos y a recaudar los fondos necesarios para poner en marcha la campaña para conseguirlas. Toda la información se puede obtener en la página web www.hispanohablantes.es.