El abogado de CDC afirma en el juicio del caso Palau que el cambio de nombre a PDeCAT es un "acto de contrición"

El 1 de marzo daba comienzo el juicio por el saqueo del Palau de la Música Catalana, un caso que adoptó forma judicial en 2009 con una entrada y registro en el emblemático edificio. Fèlix Millet, de la saga de los fundadores del Orfeó Català, prohombre del catalanismo con conexiones con todos los partidos, presidente, vicepresidente y vocal de decenas de sociedades, de seguros a la Caixa pasando por el Barça, se llevaba y traía los billetes de quinientos euros a manojos. Tal era la cantidad del papel morado circulante que motivó una inspección de la Agencia Tributaria que acabó por destapar el pastel de la financiación irregular de Convergencia, así como los fabulosos estipendios de Millet y su gerente, Jordi Montull.

Este viernes, la presidenta del Tribunal, Montserrat Comas, ha puesto punto y final a la vista con el tradicional "visto para sentencia". La intervención más destacada del día de cierre corrió a cargo del abogado del partido nacionalista, Xavier Melero, el mismo letrado que ejerció la defensa de Artur Mas en el juicio por el referéndum del 9-N. Era el turno de sus conclusiones, una defensa de la inocencia del partido sostenida sobre el contradictorio argumento del "acto de contrición" que habría supuesto la refundación del partido, ahora llamado PDeCAT. "No sé si la desparición de CDC está relacionada con las responsabilidades que se puedan derivar de este procedimiento, pero si fuera así, sería un caso único en la política española de acto de contrición", declaró Melero.

Ni responsable ni partícipe, pero arrepentido

El abogado arrancó destacando que "en el caso Palau no se juzga a Convergencia". Negó que el partido fuera responsable civil en el saqueo o partícipe a título lucrativo, pero se avino a calcular que si la sentencia resulta adversa a la formación, la cantidad a devolver sería de 2.240.733 euros. Melero utilizó un cuadro en el que se describían los cobros de diversas empresas contratistas de Convergencia en el Palau, que era, según la definición del fiscal Emilio Sánchez Ulled, la "cañería" por donde fluían las presuntas comisiones a cambio de obra pública. Según Melero, de la información aportada se deduce la cifra de los dos millones que debería devolver Convergencia, pero no en concepto de indemnización sino como ingreso en la Agencia Tributaria.

Tras este alegato ha llegado el turno de la última palabra para los acusados. Montull y Millet, para quienes el fiscal pide diez años de prisión, han renunciado a su derecho. Su momento en el juicio fue durante la primera semana, cuando confesaron que se repartían el dinero con Convergencia y que ese dinero procedía sin duda de la adjudicación de obra pública a Ferrovial. La hija de Montull, Gemma Montull, con una petición fiscal que le permitirá eludir la cárcel, sí que quiso hablar y fue para describir el "acoso social" sufrido durante los ocho años que ha durado el caso. Ha referido insultos en la calle y cambios de domicilio por pintadas en la fachada.

El exgerente canta en dos coros

La sorpresa la ha dado el exgerente de Convergencia, Daniel Osàcar, a quien le piden ocho años de cárcel. Osàcar, que la semana que viene cumple 82, ha revelado una faceta oculta de su trayectoria que a su juicio es crucial para demostrar su inocencia. Él no podía participar en el saqueo del Palau porque profesa tal amor a la causa que es miembro de dos agrupaciones corales y el pasado domingo sin ir más lejos había actuado con una de ellas en unas dependencias del mismo Palau.

Osàcar no se ha limitado a mostrar su amor y conocimientos musicales. También se ha declarado católico y buena persona. La acusación contra él, "elucubraciones", ha zanjado.