La Organización de Consumidores y Usuarios pretende "especialmente" llevar a los responsables del Banco Popular ante la Justicia. También actúan para intentar que los accionistas de la entidad recuperen los fondos perdidos a causa del colapso consumado tras la compra por parte del banco Santander. Con ese doble objetivo, la OCU ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional por supuestos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores.
"Representamos a los más de 305.000 afectados que hay en España", ha sostenido la portavoz de OCU, para después precisar que 9.500 de ellos se han puesto ya en contacto. "Esta es la primera acción, la acción penal, pero no descartamos la vía civil ni la administrativa". La organización sostiene que "las cuentas no eran las correctas y que, en el folleto de la CNMV para la ampliación de capital, se dieron unas cuentas que no eran las reales y por eso hay un vicio de consentimiento. Quizás sí el inversor hubiera sabido que las cuentas eran otras hubiera invertido en otro producto".
Eliseo Martínez, el abogado que representa al colectivo en este nuevo litigio, ha precisado las personas contra quienes va dirigida la querella: el expresidente Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la entidad que auditó las cuentas PriceWaterHouseCoopers y el socio firmante de las auditorías.
Entiende la OCU que está "siendo testigo de un montón de atropellos en el sistema bancario: preferentes, cláusula suelo, etc. El consumidor es responsable, tiene que saber lo que está comprando, pero cuando hay dolo de por medio el consentimiento no es adecuado porque está recibiendo una información falsa". Además, han subrayado el componente político de los casos en los que la CNMV y el Banco de España actúan "tarde y mal": recordemos que hace unas semanas el señor De Guindos dijo que todo estaba controlado y que no había problema. También habrá que preguntarle al señor de Guindos qué ha ocurrido en dos semanas".