La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ministerio de Industria que dirigía el socialista Miguel Sebastián durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "concertar" ayudas irregulares de 31 millones de euros con los líderes sindicales del sector minero en Asturias.
Según publica hoy el periódico El Mundo, el dinero se concedió para la construcción de una residencia de ancianos, pero finalmente los fondos se desviaron a las cuentas bancarias personales del líder minero de UGT, José Ángel Fernández Villa, y su mano derecha, José Antonio Postigo.
La querella elaborada por la Fiscalía en el marco de la "Operación Hulla", iniciada hace dos semanas y en la que se está investigando a 16 personas, acusa directamente a las "autoridades y cargos públicos" de "connivencia" con los líderes sindicales mineros, a los que se le concedió una subvención "sobredimensionada" para la construcción de una residencia en un terreno "no urbanizable y de interés agropecuario".
La complicidad entre ambas partes llegó a tal extremo, que incluso "mucho antes de que se aprobase la concesión de la subvención y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto", la entidad adjudicataria - la mutualidad minera de Montepío - "ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecuta la obra", e incluso los trabajos llegaron a comenzar "sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones preceptivas".
La querella de la Fiscalía destaca que "el acto administrativo de concesión de la subvención", suscrito el 22 de diciembre de 2009 y firmado por el secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe, estuvo repleto de irregularidades. En él "se falsearon y ocultaron datos esenciales para obtener la subvención" y "el convenio de colaboración para la concesión de dicha subvención se firmó simulando la concurrencia de los requisitos necesarios para ello". Por si fuese poco, también "se creó un procedimiento de licitación ficticio para la adjudicación de la obra" y se sobredimensionó su coste.
Anticorrupción ha señalado directamente al líder sindical Villa como el actor que jugó "el papel decisivo" para conseguir los fondos, en parte por su gran influencia sindical en el Principado de Asturias y también por su pasado como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y de su etapa como senador y diputado regional, apunta El Mundo.
Buena parte de los 31 millones de euros de la subvención fueron a parar a los bolsillos de Villa y Postigo. Ambos recurrieron a la amnistía fiscal para "legitimar" sus comisiones, atribuyendo su origen a una falsa herencia familiar. Por ese motivo, Anticorrupción alerta de los delitos de blanqueo, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública.