El Gobierno y la oposición catalana encabezada por Ciudadanos han coincidido en restar importancia al anuncio del presidente regional, Carles Puigdemont, de que convocará un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre. Insisten en que el acto de este viernes ha sido un brindis al sol en tanto que no se ha firmado ningún decreto de convocatoria. Son palabras, alegan, no hechos; gestos, nada de valor jurídico. La coincidencia en la respuesta se extiende incluso al PSC, cuyo líder, Miquel Iceta, también es de la opinión de que el referéndum no se celebrará. Por su parte, el popular Xavier García Albiol ha abundado en la teoría y tachado al presidente y al vicepresidente autonómicos de "farsantes" e "irresponsables".
La tesis más extendida es que Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, tratan de provocar una reacción del Estado, una medida ejecutiva para impedir la consulta que les permita presentarse como víctimas de un Gobierno con tendencias totalitarias y descargar sobre 'Madrit' el colapso del proceso y la cancelación de un referéndum que se presenta muy cuesta arriba en términos estrictamente organizativos ante las reticencias de los funcionarios a incurrir en supuestos penales.
El Gobierno llama a la calma. Sólo instará una actuación judicial cuando el referéndum se tenga que plasmar en un decreto, algo que no sucederá hasta la segunda quincena de agosto, declarada hábil en el Parlamento de Cataluña y que Juntos por el Sí (la alianza parlamentaria de convergentes y ERC) y la CUP pretenden aprovechar para aprobar las leyes que den cobertura al referéndum y la aplicación de su resultado.
Si aparentan pocas dudas sobre la celebración consulta, que en su día Puigdemont calificó de "ineluctable", menos aún sobre el resultado. Ganará el "sí" al "Estado independiente en forma de república" y de ahí la "ley de transitoriedad" para proceder al reparto de activos y pasivos entre el Reino de España y la nueva república de Cataluña.
Paliar el efecto 3%
Los convergentes reconocen en círculos restringidos que el referéndum, de celebrarse, será una mala copia del 9-N con menos credibilidad incluso, pero insisten en que la determinación del Gobierno del PP les impedirá hacer el ridículo. Tratan de ganar tiempo y rehacerse. Todas las encuestas coinciden en atribuir a CDC, ahora PDeCAT, unos malos resultados, en algunos casos por detrás de Ciudadanos y los "comunes" de Ada Colau. De ahí la resistencia de Puigdemont a evitar el choque y convocar elecciones autonómicas en vez de una consulta que difícilmente tendrá garantías y validez. Además, la pugna con el Estado les ayuda a minimizar el efecto de la corrupción del 3% y a pugnar por el electorado catalanista que le ha arrebatado ERC tras cinco años de procés.
Así pues, el anuncio de la fecha –1 de octubre– y la pregunta –"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?"– es el pistoletazo de salida de una campaña de 113 días que se trasladará este domingo de la Generalidad a la calle con la concentración montada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) en la que Pep Guardiola, el principal "activo cívico" del proceso, leerá un manifiesto en favor del referéndum. Las entidades separatistas pretenden reactivar sus bases y llegar al Onze de Setembre, cuando el enfrentamiento entre la Generalidad y el Gobierno estará en pleno apogeo, en el mismo estado de euforia que en 2014. El verano será caliente y la entrada del otoño, más.
Políticos en el punto de mira
Los militantes de los partidos y organizaciones separatistas ya se han activado. La delegación de la Asamblea en Londres, la "ANC England" ya ha avisado a socios, simpatizantes y saludados de que se aseguren de que pueden votar en el referéndum del 1 de octubre. Y en Lérida han aparecido unos pasquines en la calle en los que se acusa a Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Lluís Rabell, de Cataluña Sí se Puede y García Albiol de "enemigos del pueblo" por negar el derecho de autodeterminación y se incita a "tratarlos como tales". El cartel lleva la firma de "Resisteix Lleida", un grupúsculo radical próximo a la CUP. La Fiscalía de Lérida ha abierto una investigación.