El abogado de Millet acusa a los gestores actuales del Palau de la Música de proteger a CDC

El abogado Abraham Castro, defensor de Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música Catalana y pieza clave de la financiación ilegal de CDC durante al menos una década, ha acusado a los actuales gestores de la entidad cultural de encubrir al partido y el cobro de comisiones. De ahí, según Castro, que la representación legal del Consorcio que rige ahora los destinos del Palau (en la que están representadas las administraciones públicas) evite reclamar a Convergencia los más de seis millones que como mínimo se habría llevado a través de la institución, la "cañería" por la que según el fiscal Emilio Sánchez Ulled fluía el dinero de Ferrovial a CDC. Frente a la "estrategia" de los actuales responsables del Palau, Fiscalía, abogado del Estado y el de la asociación de vecinos reclaman a Convergencia el retorno de las mordidas.

Según el alegato de Castro, Millet es un chivo expiatorio por haber "confesado demasiado" y "le apedrean quienes tienen mucho que ocultar", una alusión a la actual presidenta del Palau, Mariona Carulla, que era vicepresidenta cuando se produjo el expolio. El abogado se quejó de que se tachara a su cliente de "saqueador confeso" cuando, apuntó, dejó el Palau mucho mejor de lo que se le encontró, con superávit y convertido en un centro cultural de referencia.

La silla de ruedas como parapeto

El letrado admitió que Millet robó dinero del Palau, que lo destinó a obras en su casa y a viajes de placer con la familia, pero subraya que devolvió los importes requeridos, que ha puesto todo su patrimonio a disposición del Palau, que las bodas de sus hijas fueron publicidad para la entidad y que ha colaborado en todo momento con la Fiscalía. También relató las condiciones de vida de Millet, de quien dijo que va en silla de ruedas porque tarda media hora en recorrer cien metros y está sometido a una gran presión. Le han insultado por la calle, le han pedido que se fuera de bares y restaurantes y dadas las circunstancias se ha recluido en su domicilio en una circunstancias que Castro no dudó en calificar de "arresto domiciliario".

También explicó que tras un registro domiciliario el juez permitió que Millet se quedara con diez billetes de quinientos euros para gastos personales y que una estanquera le denunció por pretender comprar tabaco con uno de esos billetes.

Jordi Pina, el abogado de Jordi Montull y que también se hizo cargo de la defensa de la exconsejera Irene Rigau por el referéndum del 9-N, ha sido más breve en su alegato, aunque un tanto estridente al admitir la culpabilidad de su cliente, pero advertir que "no es el asesino de la niñas de Alcácer ni ha violado a nadie".