Esta semana se conocerá la fecha y también la pregunta del referéndum de autodeterminación. Ni las "recomendaciones" de la Comisión de Venecia, ni la renuencia de muchos funcionarios a colaborar en la organización de la consulta, ni la monitorización de las actividades del Govern y el Parlament por parte de la Fiscalía alteran la agenda del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que a mediados de semana tiene previsto protagonizar un acto solemne para anunciar la cita con las urnas y el texto de la pregunta.
Se barajan el 1 y el 8 de octubre. En cuanto a la pregunta parece que se impone la fórmula "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?", aunque ERC presiona para sustituir "Estado" por "República". No se descarta que Puigdemont quiera "firmar" la cuestión, aunque a diferencia de lo que hizo su antecesor, ha afirmado que sólo habrá una pregunta y dos respuestas, sí o no.
La intención de Puigdemont es reunirse antes del anuncio, previsto para el miércoles 7, con los portavoces de las organizaciones que dan cobertura "civil" al proceso -la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Indepedència (AMI)- para precisar el calendario parlamentario y coordinar las movilizaciones. La primera de ellas está fijada para el domingo 11 de junio a fin de señalar el comienzo de una larga campaña a favor del "sí" en un referéndum cuyo resultado, según Puigdemont, se aplicará.
El sustituto de Artur Mas descarta la repetición de un 9-N. En una entrevista en el diario nacionalista Ara, ha afirmado sin ambages que no será lo mismo porque en esta ocasión la organización corre de cuenta de la Generalidad y no de "voluntarios", la pregunta será "clara" y se aplicarán los resultados. Puigdemont ya no confía en respaldos internacionales, pero sí en una alta participación que "legitime" las pretensiones secesionistas de Convergencia, ERC y la CUP.
El pasado 9-N y según datos de los propios nacionalistas, 2.340.000 personas fueron a votar, menos de la mitad del censo electoral a pesar de que también podían participar menores a partir de los dieciséis años. En esta intentona, los impulsores del proceso confían en el que el calado de la situación política incite al electorado no nacionalista a participar en un referéndum "definitivo" e, insisten, "oficializado" por la administración autonómica.
Diputados localizados en vacaciones
La segunda quincena de agosto ha sido habilitada en la cámara autonómica por la mayoría separatista y los diputados de Junts pel Sí tienen orden de estar localizados en esas fechas y a no más de dos horas en coche de Barcelona. La pretensión es aprobar las "leyes de desconexión " en plenas vacaciones al objeto de dificultar la reacción de "Madrid". En el seno de los "juristas" de la ruptura existe el debate de si la "ley de transitoriedad" debe contener la norma que habilite el referéndum o la consulta requiere una ley propia.
Es la única duda que aparenta tener el bloque separatista, profundamente dividido por la corrupción convergente, la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre Germà Gordó por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, el famoso 3%, y la ambición de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad y líder de ERC, al que acusan de evitar a toda costa incurrir en el más mínimo conato de desobediencia.
Los asesores de Puigdemont y Junqueras no contemplan que el anuncio del referéndum comporte consecuencias judiciales y más bien especulan sobre hipotéticos movimientos del Gobierno encaminados a rebajar la tensión y abrir una negociación sobre las reivindicaciones separatistas.