Carpetazo a la causa abierta contra Diego Cañamero. El Tribunal Supremo ha acordado el archivo provisional de la investigación por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores, en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños. Según el auto del magistrado instructor de la Sala II Andrés Martínez Arrieta, no resulta justificada la perpetración del ilícito. Analizados los hechos, concluye que no resultan las debidas exigencias de individualización de los actos ilícitos que ha exigido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En otras palabras, que no es posible individualizar la conducta del diputado de Unidos Podemos por la acción ocurrida en la finca "La Jarilla", en el municipio de La Rinconada (Sevilla), en 2008. Esta causa fue abierta el pasado 26 de enero. Según el relato de la Fiscalía, un grupo en el que se integró Cañamero, entonces portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, insultó a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta". Habrían causado destrozos por valor de 1.800 euros: candados y cerraduras inutilizados, ruedas pinchadas, etc. para impedir el normal desarrollo de la producción y de la jornada laboral.
Según el Tribunal Supremo, el relato de los hechos tan solo individualiza respecto al aforado su condición de líder de un grupo de trabajadores que requería de otros una adhesión a sus finalidades que exponían "sin que quepa admitir que el tipo penal de las coacciones para iniciar o continuar una huelga haga responsable a quienes encabezan tales acciones de los excesos punibles que puedan cometer otras personas de un grupo".
De acuerdo con el auto, Cañamero se presentó en la finca durante cuatro días consecutivos para pedir que se contratase para las faenas agrícolas a trabajadores de su sindicato en sustitución de quienes ya habían sido contratados. En relación con el retraso en la tramitación de la causa sobre unos hechos que ocurrieron en el 2008, el magistrado expone como una de las razones que el diputado no atendió las citaciones y personaciones que le fueron dirigidas desde la instrucción de la causa.
Plantón al Supremo
El autoproclamado "insumiso judicial" cumplió el pasado 8 de mayo su promesa: "No voy a ir a ningún juicio, ni a ninguna declaración. Desde 2010, no participo en ningún circo, ni en ningún teatro". Diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos en el Congreso, plantó al Tribunal Supremo. Aforado, aunque renuncie, estaba citado para comparecer de forma "voluntaria, si a su derecho conviene", en base al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Un juzgado de Sevilla elevó la exposición razonada de los indicios delictivos al Tribunal Supremo, competente para investigar y juzgar a diputados a nivel nacional. Le atribuyó delitos sobre los derechos de los trabajadores en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños por hechos ocurridos en noviembre de 2008 en una finca de La Rinconada, en Sevilla. Ese espacio, conocido como "La Jarilla", está dedicado a la explotación de árboles frutales.
"Toda una vida así"
Desde que ingresó como diputado electo, Cañamero aclaró cuál sería su forma de proceder ante cualquier litigio en su contra: "Llevo toda una vida así, no sé cuántas veces me habrán juzgado ya, 70, 80 veces, y me han detenido muchas veces. Pero ni he insultado a nadie, ni me he peleado con nadie. He defendido mi palabra y la lucha pacífica. Creo en Gandhi y en Jesucristo y, si me meten en la cárcel, estoy dispuesto a pagar ese precio". También precisó que, en caso de que fuese procesado, no dejaría el escaño: "Dejaría de ser diputado si robara, si me llevara los dineros a Suiza o a Panamá o si hiciera desfalco del dinero público, pero yo lo que hago es luchar por el bien común".