El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha declarado que "la Guardia Civil ha ido más allá de sus funciones en la investigación" sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
En una entrevista en el diario El Mundo, Manuel Moix señala que dicho Cuerpo "no respetó con Cifuentes su función de investigar y fue más allá" y apostilla: "La Guardia Civil tiene que aportar los hechos y los fiscales ya los calificamos".
"No puede ser que parezca que quien decida la imputación sea la Policía", indica en referencia a los informes en los que la Guardia Civil atribuía a Cifuentes unos supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández.
Refiriéndose a la discrepancia sobre el presidente de La Razón, Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda –los fiscales propusieron que fueran detenidos por coaccionar a Cifuentes, y Moix lo denegó-, el fiscal jefe Anticorrupción afirma que él "entendía que no había elementos suficientes". "Entre otras cosas –agrega- porque el delito de coacciones tiene una pena muy limitada y eran unos señores que no iban a eludir la citación en el juzgado para ser oídos. No era una medida proporcionada a la entidad del delito y a las circunstancias de estos señores. No había un elemento que llevara a pensar que fueran a huir. Al final adoptaron mi criterio. Ahí, entre comillas, ganó el jefe".
González, Gallardón y Rajoy
Añade que "a diferencia de Pujol no hay indicios" de que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión provisional por el caso Lezo, lidere una organización criminal. Y agrega: "Desconozco si realmente González sabía que había micrófonos en su despacho, eso son conjeturas, y yo no hago conjeturas".
Sobre la operación de 2001 que protagoniza el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón –el Canal de Isabel II desvió 73 millones de dólares a Panamá para la compra de Inassa, la empresa que controla Aguas de Barranquilla (Colombia)-, señala que "el asunto de la prescripción no me lo he planteado. La investigación patrimonial es una cuestión que está en curso y de la que no quiero hablar".
Por otra parte comenta que él hubiera informado a favor de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase por videoconferencia en el juicio del caso Gürtel en lugar de tener que personarse en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), tal como ha acordado el tribunal.