Punto y final al ciclo de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción. En una comparecencia convocada de urgencia, el fiscal general del Estado ha comunicado la dimisión después de la conversación pendiente. Una renuncia con apariencia de cese, puesto que Moix había defendido a capa y espada su idoneidad para el cargo hasta que, en las últimas horas, tanto José Manuel Maza como el Gobierno le habían retirado su respaldo.
De acuerdo con el discurso de Maza, ha podido constatar que Moix no ha cometido "ninguna irregularidad ni ilegalidad" en su conducta. Se refiere a la información publicada según la cual Moix posee el 25% de un chalet en Collado Villalba valorado en 550.000 euros. Una vivienda que procede de una herencia compartida con sus tres hermanos que su padre dejó a nombre de una sociedad en Panamá, país centroamericano conocido por sus características de refugio fiscal. "Se hacía con total transparencia a la Hacienda pública y pagando los correspondientes impuestos".
"Tampoco ningún tipo de incompatibilidad", ha precisado Maza, "ni la obligación de comunicar la herencia a los superiores". Aunque "no había motivos a mi juicio para el cese del fiscal Anticorrupción", porque "antes que la imagen debería prevalecer el fondo de la institución", ha explicado el FGE que Moix "ha presentado su renuncia por motivos personales. La hace de manera irrevocable, no he podido convencerle de lo contrario".
Tras ponerse de perfil este miércoles sobre la continuidad o no de Moix, Maza ha sostenido que "era de justicia que el fiscal jefe de Anticorrupción se mantuviera en el puesto": "al menos yo estoy plenamente satisfecho por su trabajo". Por último, el FGE ha recordado una vez más que la Fiscalía es "una institución autónoma, configurada con autonomía respecto de todos los poderes del Estado" y sometida únicamente a la ley.
Moix recupera inmediatamente su plaza como fiscal del Tribunal Supremo y Maza convocará la plaza vacante de fiscal jefe de Anticorrupción y "elegirá al sustituto con la mayor brevedad para no interrumpir el trabajo de este departamento". Un cargo instalado sobre arenas movedizas. Es consciente el fiscal general, por eso ha transmitido un último mensaje a los medios: "Les ruego que le dejen trabajar con el máximo sosiego".
En el alambre
Moix estaba en el alambre. Salvó "una pelota de partido" en el último Consejo Fiscal –donde el ala progresista pidió su cese inmediato–, y lidió con la reprobación mayoritaria del Congreso de los Diputados. Aunque ayer abrió la entrevista: "Yo no tengo ningún apego al cargo. No estoy aquí cueste lo que cueste. Igual que me han puesto me pueden quitar. No tengo interés en mantener la situación si considera que no soy el idóneo".
Moix manifestó este miércoles que no informó a Maza de su participación en la sociedad offshore porque no veía que tuviera "ninguna relevancia". Sin embargo, no acertó a explicar por qué figura como tesorera una mujer de 93 años –en abril de 2016, Aída May Biggs aparecía como testaferro en unas 20.000 compañías– que ni conoce: "Nunca he tenido función en la sociedad, ni como administrador ni como representante ni como nada. Los componentes de la sociedad ni sé quiénes son ni lo he sabido nunca. Eso lo llevan mis asesores jurídicos, ahí ni entro ni salgo".
En una respuesta seguramente dura, Moix se desligó del pasado de su progenitor, catedrático e inspector de trabajo: "Yo no respondo de los actos de mi padre, respondo de mis propios actos, lo demás serían conjeturas. No tenía ningún conocimiento de lo que hacía mi padre". No obstante, según publican varios medios, sí supo que había estado inmerso en una investigación por alzamiento de bienes archivada a instancias de la Fiscalía de Madrid, dirigida entones por Mariano Fernández Bermejo.
Tocado desde el minuto cero
Moix, que accedió al cargo a finales de febrero, ya quedó tocado en el estallido de la Operación Lezo en abril, cuando se filtró una conversación donde el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión como supuesto cabecilla de Lezo, celebraba la decisión con el exministro originalmente investigado Eduardo Zaplana: "Sería una noticia cojonuda –que accediera a la jefatura de Anticorrupción– porque Moix es un hombre bueno". También trascendió que Moix había intentado circunscribir los registros en el Canal de Isabel II a la época de Ignacio González, sin recoger ningún documento anterior que pudiera comprometer a otros.
Poco después, el fiscal general del Estado aplazó el relevo de los dos miembros de la carrera encargados de la investigación del caso del 3% sobre presuntas comisiones ilegales de Convergencia en Cataluña. Moix tomó esta decisión alegando una supuesta redistribución de las cargas de trabajo, aunque internamente se hablaba de enfado con las filtraciones y de discrepancias a la hora de atribuir al exconsejero catalán Germà Gordó el papel de "conseguidor o recaudador" de comisiones ilegales.
Según trasladó al Consejo Fiscal, Maza necesitaba más datos de los propuestos Fernando Maldonado y Teresa Duerto, con despacho en Barcelona, para refrendar el cambio. La cúpula sí se posicionó al lado de Moix en relación a la petición de amparo solicitada precisamente por los dos fiscales del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo, más un tercero, Juan José Rosa. Un investigado en el caso Emperador les acusó de coacciones sosteniendo que le habían presionado para declarar en contra de los Pujol. El fiscal jefe de Anticorrupción tramitó la denuncia sin siquiera consultar con los afectados, lo que removió las aguas en el departamento.