El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional permanece huérfano desde el pasado jueves. Eloy Velasco, que lo ocupaba hasta la fecha, hizo efectivo su traslado a la nueva Sala de Apelación, una especie de súpersala que revisará todas las sentencias dictadas en materia penal. El BOE publicó la apertura de un concurso para sustituirle, habilitando un plazo de presentación de candidaturas con vencimiento a 10 de junio. Sin embargo, existe un magistrado con capacidad para interrumpir el proceso.
Es Manuel García-Castellón. A sus 65 años, acumula una experiencia profesional de referencia en la carrera jurídica. Aunque la antigüedad es el elemento que más pondera en el concurso, este juez cuenta con una ventaja aún mayor: es el titular real del Juzgado Central de Instrucción 6. Tanto Eloy Velasco como los anteriores instructores que le precedieron desde 2000 ocuparon la mencionada plaza en comisión de servicio.
Juez de enlace en París y Roma
Esta situación se produjo como consecuencia de los "servicios especiales" que han ocupado a García-Castellón. El magistrado vallisoletano lleva 17 años trabajando fuera de España con especial ocupación en materia de terrorismo etarra y yihadista. Primero, sirvió entre 2000 y 2012 como juez de enlace con Francia, en París, a propuesta de Ángel Acebes, ministro de Justicia con José María Aznar. Se convirtió después en enlace con Italia, en Roma, promocionado por Alberto Ruiz-Gallardón.
Su misión ha consistido en agilizar el intercambio de información entre los jueces españoles y franceses, en su primer destino, y con los italianos, en el segundo, evitando que el exceso de burocracia entre las respectivas legislaciones retrasase la tramitación de las peticiones de auxilio judicial.
Hoja de servicios
"Lo que siempre me ha gustado es la investigación", ha reconocido Manuel García-Castellón en varias entrevistas concedidas en las últimas horas. El magistrado de corte conservador –pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura– solicitará su regreso a la Audiencia Nacional, a la que se incorporará al término de su periplo italiano, en las próximas semanas. Será el ministerio de Justicia, dirigido por el reprobado Rafael Catalá, el que apruebe o no esta circunstancia de la que dependen las dos causas de corrupción más comprometidas actualmente para el Partido Popular.
Nacido en 1952 en Valladolid, García-Castellón fue juez de distrito en Markina y Castrojeriz, en Vizcaya; y juez de primera instancia e instrucción en Puebla de Sanabria, Medina del Campo y Valladolid, donde fue juez decano. Pasó a ocupar en 1993 el puesto de juez Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ocupando la vacante por aventura política de Baltasar Garzón. Después de un regreso provisional a Valladolid, volvió a la Audiencia Nacional como titular del Juzgado Central de Instrucción 6.
Como magistrado de la Audiencia Nacional ha instruido causas de gran calado mediático. Decretó en 1999 la intervención del club Atlético de Madrid con la destitución de su presidente Jesús Gil, vicepresidente Enrique Cerezo y todo el Consejo de Administración. Entendía que los dirigentes del equipo se habían apropiado del 94.5% del capital social a precio cero. Además, detectó que Gil y Cerezo habían efectuado varias operaciones de fraude en la reconversión del club en sociedad anónima.
Tramitó la denuncia contra el dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 por delitos de genocidio, torturas y terrorismo internacional. Solicitó un interrogatorio, aunque finalmente, se inhibió a favor de Baltasar Garzón. Probablemente, el sumario más importante que haya instruido sea el caso Banesto. El Banco de España intervino en 1993 la entidad y, después, García- Castellón ordenó el ingreso en prisión incondicional del presidente Mario Conde y el vicepresidente Arturo Romaní. Conde intentó recusar al magistrado, que finalmente decretó la apertura de juicio oral en su contra.
Por último, García Castellón también instruyó el sumario por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ETA arrebató la vida al exconcejal del Partido Popular en Ermua el 17 de julio de 1997, cuando un pistolero le pegó un tiro en la cabeza tras un secuestro que mantuvo en vilo a la sociedad española. El juez archivó provisionalmente la causa al no haberse encontrado al autor de los hechos. García Castellón fue galardonado con la Legión de Honor por el gobierno francés y recibió la encomienda de Isabel la Católica de manos de José Luis Rodríguez Zapatero gracias a su trabajo contra la banda terrorista ETA.
Lezo y Púnica
Si se materializa su regreso a la Audiencia Nacional, García-Castellón asumirá la instrucción de las operaciones Lezo y Púnica. Eloy Velasco deja ambas macrocausas –la Púnica supera los 20.000 folios y Lezo está ya en 13.000– en plena ebullición. Como desveló en una entrevista al diario El Mundo, fue el propio Velasco quien pidió un cambio de destino a la nueva sala: "Si yo me voy vendrá otro juez; y si es mejor que yo, lo hará mejor". Argumentó que la acumulación de trabajo en los juzgados de España no es culpa de los jueces sino de la falta de inversiones.
Púnica se encuentra en su recta final, con posibilidad brindada al supuesto cabecilla, Francisco Granados, para que abandone la prisión provisional previo pago de una fianza de 400.000 de cara a preparar su defensa en los juicios próximos. Sin embargo, Lezo sigue en fase embrionaria con varias incógnitas sobre la mesa, como la posible implicación de Cifuentes.