Velasco pedirá al Supremo que impute en Púnica a la senadora Barreiro

Eloy Velasco cree que la trama Púnica también cobró por limpiar la imagen de Pilar Barreiro en internet. El juez, que abandonará en junio esta instrucción en la Audiencia Nacional, ha firmado ya la denominada exposición razonada, un escrito en el que solicita al Tribunal Supremo que investigue a la aforada como actual senadora del Partido Popular por Murcia. El magistrado atribuye a la exalcaldesa de Cartagena delitos de fraude, malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

Con la investigación en su recta final, Velasco –que habilitó hace unos días la salida del supuesto cabecilla, Francisco Granados, si paga una fianza de 400.000 euros–, quiere dejar todos los cabos atados antes de irse. Cuando el magistrado incluya en el sumario los testimonios que incriminan a Barreiro, remitirá la exposición razonada al Supremo para que decida si la imputa o no.

Según los indicios que maneja el juez, Pilar Barreiro habría participado en el amaño de contratos públicos desde la alcaldía de Cartagena a favor de las empresas de Alejandro de Pedro, uno de los grandes zurcidores delictivos de la Operación Púnica. El objetivo era mejorar la reputación de Barreiro en Internet, afectada en aquellos momentos por su imputación en el caso Novo Carthago, un asunto relacionado con la recalificación urbanística de unos terrenos junto al Mar Menor, que finalmente no llegó a sustanciarse. Es la misma vertiente que salpica a quien fuera presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, que ya tiene una causa abierta en su contra por los mismos hechos y delitos similares.

En el caso de Barreiro, el magistrado maneja una principal hipótesis. Cree que, dado que "sentía una honda preocupación reputacional" porque los medios de comunicación la habían vinculado con varios pelotazos urbanísticos, ideó la creación de un diario digital para lavar su imagen. Al parecer, pagó 4.840 euros entre junio y septiembre de 2014 que se facturaron con dinero público como campaña de publicidad Turismo Cartagena. Además, lo habría hecho de forma fraccionada para eludir los mecanismos de control.