Han pasado diez años, pero nadie se ha referido a este caso a la hora de criticar la lentitud de la Justicia como lo fueron los casos de la juez Mercedes Alaya, que comenzó su instrucción años después. El caso Estepona, otro macrocaso andaluz de corrupción política y urbanística entre otras cosas, se llevó por delante al exalcalde socialista Antonio Barrientos e implicó a numerosas personas de las que 94 van a ser juzgadas por fin por haberse completado la instrucción.
Antes, el juez había desestimado la imputación inicial de un grupo de 18 personas por falta de indicios suficientes. Entre ellas estaba la de la ex directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del que fuera presidente del Senado Javier Rojo; el ex secretario municipal José Gustavo Rubio y los familiares del exalcalde Antonio Barrientos, entre ellos la madre. Ahora, el juez Jesús Torres, ha dado 60 días al fiscal y a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral y formular escrito de acusación.
El martes, 16 de junio de 2008, el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona fue registrado por la Policía Nacional. Entre los veinte detenidos se encontraban el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y varios concejales, por un posible delito de corrupción urbanística.
La Fiscalía Anticorrupción, a la que asignó el caso el entonces fiscal general Conde Pumpido, consideró que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella: recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado con "mordidas" para los oficiantes.
La denuncia fue interpuesta en noviembre de 2006 a la UDEF en Madrid por los concejales socialistas del Ayuntamiento, Cristina Rodríguez y David Valadez, enemigos del alcalde Barrientos en el seno del PSOE local. Valadez fue posteriormente elegido alcalde de Estepona tras plenos tumultuosos en los que el PP andaluz reclamaba elecciones anticipadas.
En aquella operación policial-judicial, fue detenido el exalcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES, así como numerosos cargos y técnicos municipales relacionados generalmente con el urbanismo.
La dirección del Partido Socialista Andaluz, liderado entonces por Manuel Chaves, no hizo caso alguno a dichas denuncias por lo que el entonces alcalde Barrientos siguió en el cargo. Tampoco se sintió directamente aludida la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, luego diputada nacional, que fue informada con detalle según la Policía.
Casi inmediatamente después de ser detenido el ex alcalde Barrientos confesaba al juez instructor que el PSOE de Estepona se financió durante un largo periodo de tiempo gracias a las "donaciones" de empresarios con intereses en la zona y que la caja de ahorros guipuzcoana conocida como la Kutxa era el punto de canalización de estas operaciones.
El meollo del caso Astapa
Como en el caso Marbella, para alcanzar el meollo de la cuestión hay que seguir, como generalmente, la pista del dinero. ¿Cómo se obtiene dinero irregular en los Ayuntamientos? La principal manera de la época, con boom inmobiliario, eran los convenios urbanísticos. Por ejemplo, en sólo 7 convenios urbanísticos se malversaron 20 millones de euros que no fueron a las arcas municipales. Se han estudiado otros 31 convenios. El motivo era la infravaloración de los terrenos que adjudicaba el Ayuntamiento a particulares o empresas, recibiendo por ello, ya por vías ocultas, parte de ese dinero como compensación por los favores.
Igualmente, han sido objeto de instrucción los nombramientos irregulares y las adjudicaciones de contratos a dedo desde la remodelación de equipamientos municipales a la adjudicación de chiringuitos playeros.
Según el juez, en el Ayuntamiento de Estepona había tres cajas: la A, la B y una novedad, la C. Como es costumbre, la Caja A era la caja legal, la que se ajustaba a la normativa. Pero en las cajas B y C era donde se ingresaban los dineros oscuros. En la B se anotaban las "donaciones voluntarias" de los empresarios beneficiados y en la C, los pagos de gastos electorales al PSOE y regalos a los concejales, familiares y personajes relacionados.
Uno de los principales beneficiados fue el ex alcalde Antonio Barrientos y luego están, naturalmente, los empresarios que pagaban al Ayuntamiento por conseguir sus objetivos. En el sumario están los nombres de Luis Fernando Linares Torres, Severiano López Martín, José Romero, Rafael Bodega, Jamal Satli Iglesias, Aurelio Martín o Antonio López Soto.
La tela de araña socialista municipal
Uno de los aspectos de la vida municipal esteponera que más llamo la atención a los agentes fue la contratación, en el Ayuntamiento y en el entramado de empresas municipales, de familiares, amigos y compañeros de partido de los concejales.
Si el ex primer teniente de alcalde, el andalucista Rafael Montesinos, colocó a su hija como técnico de alta dirección en la empresa pública Turismo y Actividades Recreativas, con un sueldo mensual de 2.450 euros, en mayo de 2007, Ana María Álvarez Ortega, hermana del entonces secretario general del Partido Andalucista, Julián Álvarez, luego colocado en una Fundación socialista, fue contratada con el mismo salario en la empresa Promoción y Comunicación Estepona SL.
Pero el colofón lo puso la investigación policial aportando la prueba irrefutable que mostraba cómo se tejía ilegalmente una tela de araña por los dirigentes del PSOE en Estepona. En el caso Astapa, el sumario ofreció la evidencia de que 120 de los 315 afiliados del PSOE en la ciudad fueron colocados en el Ayuntamiento, a lo que había que sumar 40 familiares de personas afiliadas al PSOE.