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Un informe de la UDEF sobre los negocios de Pujol salpica a Pimentel y al marido de Cospedal

El informe vincula a ambos con los negocios del primogénito de los Pujol en Angola y República Dominicana.

Manuel Pimentel | Archivo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía señala al exministro de Ministro de Trabajo Manuel Pimentel y a Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal en negocios irregulares en Angola o República Dominicana del primogénito del clan Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

Según el informe de la UDEF, Jordi Pujol, "Júnior", habría obtenido "cuantiosas comisiones" al conseguir que empresas "semipúblicas" participaran en proyectos en países como Ángola o República Dominicana, incluso mediante sobornos a autoridades locales. En Angola, se investiga el proyecto del Centro de Logística y Distribución de Luanda, para la modernización del sector cafetero, y en República Dominicana, el Mercado Central de Santo Domingo.

En relación a las sociedades presuntamente involucradas con la operativa detectada por la UDEF, la Policía menciona los nombres de Pimentel e Ignacio López del Hierro por sus presuntos vínculos con las empresas Globaltec e Ibadesa Cat, respectivamente.

Los aludidos se defienden

Ambos, al conocer que sus nombres aparecían en este informe, han desmentido a Efe su participación en esos negocios con Jordi Pujol Jr, y Pimentel anuncia incluso querellarse con la UDEF "si estas acusaciones se confirmaran".

Según la UDEF, las "presumibles comisiones" a Pujol Ferrusola de las empresas intervinientes procederían de una sociedad denominada Ibadesa Cat, en la habrían estado "representados los intereses" de Pujol Ferrusola, Jordi Puig Godés, Ignacio Javier López del Hierro Bravo y José Joaquín Herrero Aleixandre".

La modalidad de negocio "comprometida", exigía "como ineludible la intervención positiva de CESCE, cuyo adherimiento a la causa se conseguiría a través de dos sociedades que tienen en su denominación comercial la palabra Ibadesa", destaca el informe.

Se trata de Ibadesa Exportaciones y Servicios, que cuenta en sus órganos sociales con José Joaquín Herrero Aleixandre, como consejero, y a José Herrero Egaña López del Hierro, sobrino del marido de Cospedal.

Por otro lado, y a la luz de los informes de inteligencia financiera consultados por los agentes, "las comisiones provenientes de los presumibles actos de corrupción, se devengarían a favor de sociedades como Globaltec Desarrollos e Ingeniería" y también en Ibadesa Exportaciones y Servicios". Posteriormente, se produciría "un segundo desglose a diversas sociedades patrimoniales vinculadas con cada una de las personas que se parapetarían detrás".

Según los datos mercantiles investigados, de Globaltec aparecen como "personas físicas más visibles desde julio de 2001 en adelante", Manuel Ramón Pimentel Siles, Francisco Javier Valero Artola, Manuel Valdés Colón de Carvajal y Antonio Luque Ruiz.

Los investigadores sostienen que Globaltec transfirió a Suiza más de un millón de euros entre 2008 y 2009, cuyo beneficiario habría sido la sociedad panameña Hutton Overseas y cuyos titulares reales nada tendrían que ver con los que figuran, que serían presumiblemente testaferros.

En el marco de esas transacciones, que pudieran ser "las dádivas destinadas a las autoridades públicas de los países donde se desarrollan los proyectos", aparece Guillherme Taveira Pinto, presidente de Sonadi y actualmente investigado en los caso Defex y Lezo.

Y es que, para obtener esos contratos, la UDEF ha detectado, entre "otros presuntos actos de corrupción internacional", pagos al ministro de Interior de Angola a través de la sociedad angoleña Jucapa Comercio Industria Importaçao, a través de transferencias en las que aparece como beneficiaria la entidad 4D Business Group, "vinculada con una trama de corrupción en la República Dominicana".

"Los esbozos de la metodología que pudiera ser ilícita, consistiría en la utilización de sociedades semipúblicas, que gozan del respaldo institucional y crediticio del estado español, para financiar y/o otorgar garantías a proyectos en terceros países, normalmente en vías de desarrollo o subdesarrollo, ejecutados después por contratistas españoles", resume la UDEF.

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