Hace ya casi dos semanas que el edificio municipal de la calle Gobernador, 39, de Madrid está okupado. Una manifestación convocada por el Patio Maravillas, Ecologistas en Acción y la FRAMV -bajo el lema "Madrid no se vende"- terminó en la okupación de este inmueble de más de 3.000 metros cuadrados de superficie y donde albergó hasta su abandono, en 2012, dependencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), un centro de salud municipal y una escuela de idiomas.
Dos concejales de Ahora Madrid aplaudieron esta irrupción en el edificio municipal. Fueron Rommy Arce y Pablo Carmona. Además, dos diputados de Podemos -uno de la Asamblea de Madrid y otro del Congreso- estuvieron presentes y tuvieron un rifirrafe con la Policía, denunciado por los propios agentes.
En marzo de 2013, la Fundación Ambasz -del arquitecto argentino Emilio Ambasz- y la alcaldesa Ana Botella firmaron un convenio de colaboración por el que el Consistorio cedía el inmueble por 75 años para fines culturales mientras que la Fundación se hacía cargo de la construcción y mantenimiento por un montante de 10 millones de euros. El edificio, actualmente sin uso, estaba incluido en el lote de inmuebles que el Ayuntamiento puso a la venta. El arquitecto se interesó por él y le escribió una carta a Botella. La decisión municipal fue sacarlo de ese catálogo para dar cabida al Museo del Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAADU) teniendo en cuenta la ubicación estratégica, en pleno Paseo del Arte, y potenciar el entorno desde el punto de vista cultural, turístico e internacional.
Una vez que fue okupado, el sábado 6 de mayo, el Consistorio rechazó "un desalojo en caliente" (desahucio del edificio por parte de la Policía Nacional sin necesidad de una orden judicial) aunque la alcaldesa dijo después que el Ayuntamiento de la capital hará "lo que manda la ley" con los okupas. No obstante, aún no ha habido ningún movimiento por su parte. No al menos de manera oficial.
Las exigencias de los okupas
Únicamente se ha "iniciado el expediente de análisis, diagnóstico y evaluación de la situación que pasa primero por analizar el estado del edificio", reiteró este jueves Rita Maestre. Nada dijo la portavoz municipal sobre la carta que el colectivo okupa La Ingobernable les ha enviado y donde exige a Gobierno local rescindir este contrato que tachan de "fraudulento e ilegítimo". Ésta es su condición previa e irrenunciable para poder iniciar el diálogo con el Ayuntamiento.
"Nuestra posición es crítica pero dentro de la legalidad y el marco vigente que recibimos. Este equipo no gobierna bajo presiones de ningún tipo", afirmó Maestre. Eso sí, el diálogo se enmarcará poniendo "el foco" en el "movimiento vecinal", imprescindible para Ahora Madrid, especialmente para la corriente interna más radical, Ganemos. De hecho, buena parte de las políticas del movimiento auspiciado por Podemos (cesión de espacios, los foros locales o la participación ciudadana) tienen como guía estos "movimientos vecinales", recordó.
Además, este colectivo okupa está estudiando emprender acciones judiciales relacionadas con la cesión del edificio. "Queremos que este edificio vuelva a ser de uso común, se utilice para uso común de toda la ciudad de Madrid porque este edificio es un símbolo más de la corrupción sistemática que hemos vivido", señaló a la prensa a la puerta del edificio el portavoz del colectivo okupa. Álvaro, quien no quiso desvelar su apellido, dejó claro que hasta que el Ejecutivo de Manuela Carmena no rescinda este contrato su colectivo no iniciará ningún tipo de diálogo, que no negociación, con él. No obstante, no desveló qué ocurrirá si el Gobierno de Ahora Madrid cumple con su exigencia: ¿se acogerán a los cauces legales que posibilitan la cesión de espacios públicos a asociaciones? "La asamblea del centro social no ha decidido nada en ese sentido" aún. "Solamente se ha decidido establecer un canal de comunicación donde la asamblea del centro social le pueda decir al Ayuntamiento lo que piensa" y éste le pueda contestar. Eso sí, "si no hay rescisión de contrato no habrá comunicación posible". Esto se podía haber "producido hace ocho meses" por lo que "el Ayuntamiento no tiene excusa posible para rescindir el contrato ya. Tiene todas las competencias y tiene que hacerlo parar que se devuelva este edificio a la ciudad". No obstante, su reivindicación es clara: que su colectivo pueda quedarse en este espacio.
Abucheos desde el interior del edificio
Las declaraciones del portavoz de La Ingobernable se produjeron después de las realizadas por el portavoz del PP y su adjunto en el Consistorio, mientras los okupas les abucheaban desde el interior del edificio. "La juventud no es la que ellos están representando, la juventud de este país es la que se levanta todos los días a trabajar, la que se levanta todos los días para pagar sus impuestos, para mantener a sus familias y no gente que ockupa por la cara, sin derecho alguno, edificios de titularidad municipal", manifestó José Luis Martínez Almedia. No obstante, "siendo unos okupas y unos caras el problema no está en esta gente, el problema está en el Ayuntamiento de Madrid, en Manuela Carmena y sus concejales, que apoyan este tipo de actos ilegales, que Carmena no hace absolutamente nada por evitar que concejales suyos avalen okupaciones ilegales y que, por tanto, reina pero no gobierna".
Preguntados por la posibilidad de reunirse con los okupas, Martínez Almeida contestó contundente: "Si quieren que nos reunamos con ellos lo primero que tienen que hacer es desocupar el edificio. Lo que no vamos a hacer es reunirnos con personas que están realizando actividades ilegales". Y "si quieren tener edificios de titularidad municipal es muy sencillo, que se inscriban en el registro de asociaciones y que accedan a los edificios que está poniendo el Ayuntamiento. Lo que pasa es que no quieren cumplir la ley ni para registrarse como asociación". Ante los gritos de estos, constantes durante toda la intervención de los populares, el portavoz se preguntó: "Si en vez de gritar estudiaran y trabajaran, ¿no nos iría mejor a todos?".
Propuesta en la Junta de Centro
Este mismo jueves el PP presentó una propuesta, de la mano de Íñigo Henríquez de Luna, en la Junta del distrito Centro para instar a la alcaldesa a que tome las medidas legales necesarias para el desalojo a la vez que se pide a los miembros de su Ejecutivo que "no apoyen y rechacen cualquier tipo de okupación". El primer punto (tomar medidas legales para el desalojo) salió adelante con los votos favorables de Ciudadanos y el PSOE y el voto en contra de Ahora Madrid. No obstante, el segundo de ellos (rechazar cualquier tipo de okupación) fue rechazado: el PSOE se unió esta vez a Ahora Madrid.
"Nos parece absolutamente impresentable la actitud del equipo de Gobierno; ellos están siendo absolutamente complacientes con un acto que es absolutamente ilegal. Podían haber instado al desalojo inmediato de este edificio en las primeras 24 horas, como les ofreció la Delegación del Gobierno, y de forma deliberada no lo han hecho lo que demuestra el fariseísmo del Gobierno", señaló Henríquez de Luna. "La alcaldesa tiene que dar un puñetazo en la mesa e imponer su autoridad si es que la tiene".
La del PP no será la única iniciativa que se lleve a cabo estos días. La portavoz de Ciudadanos avanzó que su formación presentará en el Pleno de este mes de mayo una iniciativa que "asegure un mayor control en la cesión de espacios públicos con el objetivo de evitar que el Gobierno de Ahora Madrid siga cediendo los espacios y edificios de todos los madrileños a colectivos okupas afines". En este sentido, Begoña Villacís manifestó que su propuesta quiere "evitar que se cedan espacios a partidos políticos y a cualquier tipo de asociación de carácter político y se cedan exclusivamente a asociaciones declaradas de utilidad pública municipal".
"Exigimos al equipo de gobierno que nos dé una explicación de por qué está haciendo la vista gorda y no se ha desalojado todavía el edificio de la calle Gobernador que es de todos los madrileños", dijo la portavoz centrista, que calificó de "incoherente" el hecho de que Ahora Madrid "diga que quiere paliar el desequilibrio territorial entre los distritos y la falta de dotaciones y servicios en la periferia, y luego permita que sus asociaciones afines ocupen de forma ilegal dando una patada en la puerta".