Los mandatos del Parlament son sagrados siempre que consistan en vulnerar la Constitución. Las líneas de defensa de los inhabilitados por el referéndum del 9-N de 2014 y los investigados por el que se pretende llevar a cabo el 1 de octubre radican en la sustancia imperativa de las resoluciones parlamentarias. Sin embargo, hay excepciones. El Govern de la Generalidad, que se reparten Convergencia, ahora PDeCAT, y ERC no asumirá las dos resoluciones aprobadas por los parlamentarios para que la administración autonómica acuse al partido de Pujol, Mas y Puigdemont del saqueo del Palau de la Música.
De este modo, Francesc Claverol, el abogado del Consorcio del Palau (que representa al Estado, el Ayuntamiento y la Generalidad) ha renunciado a exigir responsabilidades al partido por los más de seis millones de euros que según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled Ferrovial habría pagado a CDC a través del Palau en concepto de comisiones por la adjudicación de obra pública.
Mientras en la cámara se votaba a favor de que el ejecutivo acuse a CDC, el letrado elevaba a definitivas sus peticiones. A posteriori, alegó que él no representa al Parlament en el juicio y que se atenía a lo acordado en el Consorcio en una reunión el pasado 12 de mayo a la que no acudieron los vocales del Ministerio de Cultura y en la que los representantes de la Generalidad impusieron el criterio de abstenerse de actuar contra el partido nacionalista.
Brindis al sol de ERC
El escándalo causó un nuevo enfrentamiento en el seno del gobierno nacionalista. Los consejeros de ERC mostraron su rechazo. En consecuencia, sus diputados en Junts pel Sí se han sumado a las mociones presentadas por la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) para forzar una rectificación del gobierno. Se ha tratado de un mero brindis al sol puesto que el líder de ERC y vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, había cerrado un acuerdo con Carles Puigdemont para evitar la acusación contra CDC.
Peticiones de pena en el juicio
Además, una vez presentadas las conclusiones, el letrado del Consorcio no puede modificar la posición del ente de representación de las administraciones públicas en el Palau de la Música. El fiscal ha rebajado sensiblemente la petición de penas para Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija, Gemma Montull, por los delitos de . Para los dos primeros se piden 15 y 11 años de prisión, lejos de los 26 iniciales. La rebaja más sustantiva es para Gemma Montull, que pasa de los 26 a los tres, uno de ellos canjeable por una multa, por lo que no ingresaría en prisión. En cuanto al extesorero de Convergencia Daniel Osàcar, Sánchez Ulled pide ocho años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El argumento del gobierno regional para no actuar contra Convergencia es que la financiación ilegal se basa en el testimonio de dos "delincuentes confesos", en alusión a Millet y Montull, que se han beneficiado de un trato con el fiscal para acusar al partido nacionalista.