Ha parido y criado dos de las investigaciones que más comprometen al Partido Popular: dos años y siete meses de instrucción de la operación Púnica que estalló en octubre de 2014; y diez meses de operación Lezo que nació en julio de 2016. Eloy Velasco dirigirá las actuaciones en ambas tramas hasta junio de este año. Después, como ha ratificado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, pasará a formar parte de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una especie de súpersala de creación obligada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que revisará todas las sentencias en materia penal de este tribunal de excepción.
Dejará ambas macrocausas –la Púnica supera los 20.000 folios y Lezo está ya en 13.000– en plena ebullición y en manos de otro magistrado que aún se desconoce pero que, previsiblemente, conocerá poco o nada de ellas. Como desveló en una entrevista al diario El Mundo, fue el propio Velasco quien pidió un cambio de destino a la nueva sala: "Si yo me voy vendrá otro juez; y si es mejor que yo, lo hará mejor". Argumentó que la acumulación de trabajo en los juzgados de España no es culpa de los jueces sino de la falta de inversiones.
Eloy Velasco y Enrique López
El CGPJ ha cumplido los pronósticos en cuanto a los dos magistrados que pasarán a formar parte de la Sala de Apelación que podría presidir, valga la redundancia, el presidente de la Audiencia Nacional. José Ramón Navarro es el único cargo del organismo que no ostenta funciones judiciales y la ley le permite encabezar cualquiera de las salas que lo componen. De conformidad con el informe que solicitó al Gabinete Técnico, el órgano de autogobierno de los jueces considera que Eloy Velasco y Enrique López ostentan la condición de especialista en el orden jurisdiccional penal que ponderaba en el concurso.
Por un lado, Eloy Velasco fue director general de Justicia en el Gobierno de la Comunidad Valenciana bajo las presidencias de Francisco Camps y Eduardo Zaplana. A éste último, también exministro de Trabajo, le ha librado de la imputación pese a los indicios y las conversaciones telefónicas con Ignacio González que le salpicaban en el sumario de la operación Lezo.
Por otro, el conservador Enrique López dimitió en 2014 como magistrado del Tribunal Constitucional tras una denuncia de la Policía por cuadruplicar la tasa de alcoholemia, saltarse un semáforo en rojo y conducir una moto sin casco. Además, fue recusado del Tribunal encargado de juzgar el caso Gürtel por sus nexos con el Partido Popular, acusado como partícipe a título lucrativo.
¿Se retrasará el traslado?
Según fuentes consultadas por Libertad Digital, un grupo de magistrados se ha opuesto a las bases del concurso para optar a estas dos plazas. Entre otros, son los también jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáez y Clara Bayarri. Podrían recurrir los nombramientos ante el Tribunal Supremo y, si el alto tribunal admitiera las protestas, se retrasaría el traslado efectivo.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, los puestos deben recaer en quienes, teniendo al menos 15 años de antigüedad en la carrera judicial, hayan estado en órganos penales un mínimo de 10 años, "prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialistas". En base al informe elaborado por el director del Gabinete Técnico del CGPJ, Gervasio Martín, se debe reconocer la condición de especialistas a Eloy Velasco y Enrique López porque accedieron en 1990 a la categoría de magistrados aprobando unas pruebas selectivas en las jurisdiccionales civil y penal.
Sustituto de Velasco
El instructor de la Audiencia Nacional había solicitado el ascenso junto a una veintena de compañeros, por ejemplo, sus homólogos Fernando Andreu y Carmen Lamela, el exministro socialista Juan Alberto Belloch, el actual portavoz de Justicia en el Congreso Juan Carlos Campo, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri o Fernando Grande-Marlaska.
La Comisión Permanente también ha acordado el anuncio de la convocatoria de 27 plazas judiciales, entre ellas la correspondiente al Juzgado Central de Instrucción número 6 que dejará vacante Eloy Velasco. Como se ha hecho en otras ocasiones, se podría designar a un sustituto en comisión de servicios mientras se resuelve este procedimiento en el que se valora la antigüedad.
Eloy Velasco –investigado por el CGPJ a raíz de una denuncia que le acusa de pedir a Ignacio González un trabajo para su mujer– ha conseguido el ascenso la misma semana en que ha impulsado definitivamente la Operación Púnica. De hecho, el magistrado ha modificado la situación del principal imputado, Francisco Granados, que permanecía en prisión incondicional y podrá salir de la cárcel si deposita una fianza de 400.000 euros. El magistrado entiende que los nuevos hallazgos disminuyen los riesgos de fuga y destrucción de pruebas.